Un nuevo fiasco

Pero no existen fundamentos para que haya llegado a serlo más allá de los intereses y cálculos partidistas de los principales actores de una farsa torpemente revestida de proceso negociador. El bloqueo de la investidura no es consecuencia de las disposiciones constitucionales que la regulan, que Pedro Sánchez amagó con reformar cuando se empezaron a torcer sus planes. La exigencia de un apoyo mayoritario del Congreso, que persigue garantizar la estabilidad, no ha sido obstáculo durante casi cuatro décadas para investir a sucesivos presidentes con un apoyo desigual en las urnas. Aunque las herramientas jurídicas puedan ser perfeccionadas, el problema no son ellas, sino la nula disposición a pactar, que implica renuncias en aras de un bien superior. Con 123 diputados de 350, Sánchez se ha creído con la autoridad suficiente para conminar a los demás grupos a facilitarle su permanencia en la Moncloa en las condiciones que él imponga.

El obstinado encasillamiento del PSOE y Unidas Podemos en posiciones irrenunciables que chocan frontalmente con las de sus pretendidos socios empuja a un callejón sin más salida que las urnas. Por mucho que el líder socialista haya expresado su deseo de evitar unas nuevas elecciones, cada uno de sus movimientos desmiente sus palabras con rotundidad. Los favorables resultados que le atribuyen las encuestas le han llevado a apostar sin tapujos por esa vía. La cuestión no es si el próximo Gobierno será monocolor o en coalición, sino la urgencia de contar, por fin, con uno estable que acabe con una nociva parálisis y apruebe las reformas que el país necesita.