Hacia un nuevo CGPJ

Tras estos precedentes, la renovación del CGPJ parece ir por buen camino: las formaciones políticas ya no tienen argumentos para mantener el bloqueo y las instituciones teóricamente neutrales no han ahorrado indirectas para mostrar el sinsentido de mantener caducado más de un trienio el órgano vertebral de poder judicial. La tesis de Casado de que pactará el Consejo cuando el PSOE acepte la elección directa de los jueces tropieza con la evidencia de que fue Rajoy, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la ley 7/2015, quien impidió a Gallardón modificar el modelo de elección por el Parlamento de los veinte vocales.

Así las cosas, todo indica que la condicionalidad del PP y del PSOE para sacar adelante la renovación del Consejo se diluirá casi completamente, dado que ya no tiene sentido que el PP atribuya a la animadversión de dos únicos jueces la condena al partido por corrupción (la última de ellas, la de la AN relativa a la reforma de la sede, fue dictada por unanimidad), con lo que el diferendo puede zanjarse mediante un inconcreto acuerdo de estudiar a posteriori una mayor participación de los jueces en la elección de sus pares en el CGPJ.

Parece claro que PP y PSOE deberían deducir de este bloqueo la evidencia de que es absurdo pretender rentabilidad de semejantes incumplimientos. Con la particularidad de que tanto el PP como el PSOE, que son los partidos fundacionales del sistema y los que deben ser considerados partidos de Estado, han de defender escrupulosamente el marco constitucional frente a formaciones nuevas que lo cuestionan abiertamente o que pretenden provocar su deriva hacia pantanales inaceptables.