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Se ciernen nubarrones sobre la credibilidad de la Justicia española. Según un informe del Eurobarómetro de la Unión Europea que recoge los índices de eficacia del sistema judicial, la percepción de la ciudadanía sobre la independencia y eficacia del sistema judicial español ha pasado, solo ... en un año, del 6º puesto en la cola de los sistemas europeos en 2018 (el 49% de españoles la consideró bastante mala o muy mala) seguida por el sistema de Italia (52%), Eslovenia (54%), Eslovaquia (58%), y Croacia (69%), al 4º de la cola en 2019 en el que solo los ciudadanos de Croacia (76%), Eslovaquia (60%) y Bulgaria (58%) creen que los jueces y tribunales son aún menos independientes que en nuestro país (55%). Esta cifra contrasta con la mejora del estado de la Justicia en el resto de la Unión Europea. Es un tema de reflexión que se añade a otras prioridades de mejora del Gobierno emergente de los resultados electorales de este domingo, sin dudar de la profesionalidad de los que dedican sus esfuerzos para asegurar que nos ampare la ley ante hechos en litigio que vulneren los derechos fundamentales.
Por otra parte, se ha hecho público un caso de absolución por un delito de blanqueo de dinero en la persona del expresidente del FC Barcelona tras 22 meses de prisión preventiva ejemplo de lo que no siempre, pero si a veces, ha sucedido con medidas de prisión preventiva u otras más graves. La prisión cautelar es lo suficientemente grave porque afecta a un derecho fundamental recogido en el artículo 17 de la Constitución española: la libertad. Casi dos años de una vida con todo lo que implica para la persona a quién se le aplica: dignidad, trabajo, familia, bienestar personal, etc.; es mucho tiempo para una medida cautelar de un sistema que debe regular derechos y libertades. Sus nefastos efectos, no solo de privación de libertad, no están compensados por la indemnización que pueda derivarse cuando el sistema, como ahora, reconoce haberse equivocado.
Paradójicamente, estamos ante una injusticia de la justicia. Hay que pensar, como están haciendo otros países, sistemas alternativos menos lesivos: prestación de servicios comunitarios mientras no llega la sentencia, presentación periódica en el juzgado, arresto domiciliario, u otras emergentes del estado tecnológico actual que si es capaz de conocer nuestros gustos de compra, los pasos que damos, el ritmo del corazón, los cafés que hemos visitado o nuestra ubicación, ¿cómo no le es posible controlar a una persona en juicio para evitar que se fugue del sistema? A veces es difícil establecer la inocencia o culpabilidad de un delito, pero sería preferible no castigar de antemano a su presunto culpable limitando su derecho básico de libertad, y a veces de vida.
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