Fueron a trabajar y no volvieron

En el año 1995 en España se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El articulado de esta Ley es bastante claro a la hora de señalar las responsabilidades y es de obligado cumplimiento. La LPRL consta de siete capítulos, 54 artículos, 17 disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales, todo para la protección de las personas trabajadoras de los riesgos laborales y la mejora de la salud y bienestar en el trabajo, una normativa clara con objetivos principios y beneficios y complementada desde 1995 con reglamentos y guías para cumplimentarla correctamente. Si existe una normativa clara y concreta, nos hacemos una pregunta, ¿que impide que se cumpla la ley? Como todas las leyes, quien se encarga de gobernar en las comunidades autónomas deberían levantar acta de las deficiencias observadas en sus visitas a las empresas o cuando se haya producido el accidente, pero no para meterlas en un cajón, sino para garantizar, que se minimiza, que se palía o va a desaparecer el riesgo, para que no vuelva a suceder más. Pero para esto debe de haber suficientes inspectores. En España en 2024, entre inspectores y subinspectores de trabajo había 1.852 personas dedicadas a supervisar el cumplimiento de la normativa laboral, pero según el INE en España en 2024 tenemos 3.255.276 empresas... Igual esta es una de las respuestas de por qué no se cumple la ley en los centros de trabajo. Cuando se levanta acta de la deficiencia, pasa a la judicatura, pero aquí ocurre algo lamentable, que, entre la denuncia, el recurso, el juicio y la condena pasan entre los cinco y los diez años. Esto es una vergüenza.

Además, el actual Gobierno de la Comunidad de La Rioja, con la consejera al frente doña Belinda León, encargada de la Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, hace declaraciones tan deshumanizadas como decir que no creía en un sistema punitivo para las empresas incumplidoras y para afirmarse se le ocurre premiar a dos empresas, una de ellas esperando sentencia por la muerte de una persona trabajadora en accidente laboral, por cumplir la ley, y a su vez, no sabemos aún si va a estar condenada precisamente por no cumplirla. Esta señora es la que hace campañas centrando la responsabilidad de la prevención y de la protección a las propias personas trabajadoras y se encarga de dejarlo asentando, acudiendo a centros escolares instaurando bases equivocadas sobre la responsabilidad de los accidentes. Esto nos demuestra que no solo están lejos de cumplir la ley, sino que están muy alejados aún, de habérsela leído.

La Plataforma contra la Siniestralidad Laboral '28 de abril. Stop Accidentes Laborales' vamos a impulsar una recogida de firmas para exigir que se incluya, en las cláusulas para las contrataciones públicas y para las convocatorias de premios y subvenciones, que las empresas adjudicatarias no puedan haber sido sancionadas con faltas graves o muy graves por delitos contra la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Favael, Federación de Asociaciones de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales, de la que esta Plataforma forma parte, trabaja para denunciar, concienciar, convertir la salud en el trabajo en una prioridad social y política. Exigir el cumplimiento de la ley, fomentar la cultura de la prevención en los trabajos, intensificar y exigir a los sindicatos mayor implicación en este asunto y vivir desde la cercanía a las víctimas que sufren las consecuencias de los accidentes de trabajo. Las muertes en los centros de trabajo son un problema de estado.

La persona debe de estar en el centro, no puede ser que, por error, por dejadez o por no tomarse en serio la prevención o incluso por una falta de mantenimiento, mueran personas trabajadoras.

Y como plataforma queremos hacer un recordatorio y una llamada desde la humanidad; hay que garantizar la seguridad y la salud en los centros de trabajo para que no tenga que morir ninguna persona trabajadora más ganándose el pan.