La reunión entre el Gobierno, los sindicatos CC OO y UGT y la CEOE convocada para hoy en torno a una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero se celebra bajo la convicción ... de que el Ejecutivo –y no sólo Yolanda Díaz– tiene la intención de decretarla aunque las organizaciones empresariales se muestren contrarias. Sería una mala noticia que en menos de una semana el diálogo social pasara de ser esgrimido como razón última de la reforma laboral a convertirse en una condición prescindible en la definición de la política de rentas. Ello después de que el cambio normativo convalidado el jueves haya introducido mejoras salariales en distintos sectores de actividad. El Gobierno tiene potestad plena para fijar la cuantía del SMI alegando que trata de aproximarse al 60% de la media salarial española recomendado por la Carta Social Europea. Pero aun admitiendo que las subidas experimentadas por el SMI –de 655 en 2016 a 950 en 2021– no han destruido empleo por ellas mismas, nadie ha demostrado que no hayan disuadido de la creación de nuevos puestos de trabajo, y persisten los interrogantes sobre los efectos a corto y medio plazo de continuar aplicándolas en estos momentos de recuperación incipiente. Por lo que el acuerdo previo con la CEOE no solo resulta aconsejable desde el punto de vista del fortalecimiento de la confianza social, sino que constituye un objetivo que ni el Ejecutivo de coalición ni CC OO y UGT pueden desdeñar.
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La entrada en vigor de la reforma laboral y de la subida del SMI en el inicio de 2022 comporta un incremento de los costes de producción y de los servicios que difícilmente será compensado por un alza en paralelo del consumo privado y público al coincidir con la subida de los precios energéticos y la inflación. Ni Gobierno ni sindicatos pueden restar importancia a la eventualidad de que las empresas se vean relegadas en la toma de la decisión, alegando que es la CEOE la que se desmarca cuando la discrepancia dura un año, o mostrándose en contra del «veto de la patronal» como si ésta no tuviese que sentirse vivamente concernida por algo que condiciona los resultados de cada empresa. Es posible que el incremento del SMI a 1.000 euros ya esté tan fijado en el calendario de hitos de Sánchez y de Díaz, de CC OO y de UGT, que hasta los empresarios tengan que darlo por descontado. Pero no parece tan descabellado pensar en modular la medida para adoptarla con más seguridad y consenso.
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