El diálogo social fructificó ayer en un primer acuerdo para la prórroga de los ERTE tras el 31 de enero, última fecha consensuada, hasta el 31 de mayo, aunque falta precisar la letra pequeña. La necesidad de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo ... era patente ya que hay miles de empresas que subsisten gracias a esta figura en un momento de notoria caída de la demanda. A finales de 2020 había más de 755.000 personas acogidas a un ERTE, aunque llegaron a ser 3,4 millones en el punto álgido de la pandemia en abril. No obstante, falta negociar todavía las condiciones. De momento, lo convenido mantiene el acceso a la prestación por desempleo sin periodo de carencia –que no compute hasta enero de 2022 el tiempo consumido a efectos de cobrar el paro– y con el 70% de la prestación. El Gobierno propone también prorrogar las ayudas a los fijos discontinuos, la exoneración de cuotas en los mismos términos y la garantía del empleo, la prohibición de horas extras y de nuevas externalizaciones, así como el límite en el reparto de dividendos para las empresas acogidas a este mecanismo.
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Los empresarios, que reclamaban que se prolongarán al menos hasta el fin del estado de alarma vigente, el 9 de mayo, en vista de que nos adentramos en la tercera ola han pedido que se alargue como mínimo hasta junio y que las empresas puedan despedir devolviendo a la Seguridad Social las exoneraciones del ERTE pero no de todo el personal, sino solo del que se haya decidido prescindir. Esta petición fue argumentada por Antonio Garamendi, presidente de CEOE: «Nos guste o no, va a tener que haber ajustes de plantilla, porque las empresas tienen problemas de solvencia» y muchas no podrán recuperar enseguida la actividad prepandemia. UGT, por su parte, ha vuelto a reivindicar que los ERTE duren mientras dure la pandemia.
Aunque el principal objetivo de las vacunas es salvar vidas y conseguir para ello la inmunidad de rebaño cuanto antes, es evidente que la normalización económica y el consiguiente fin de las medidas excepcionales también depende de la rapidez de la inmunización, por lo que se entiende mal la falta de reflejos de las comunidades autónomas –de unas más que de otras– en la puesta en marcha de un proceso masivo que es, pese ello, de gran simplicidad. Sería un gran fracaso que el cuello de botella de la vacunación fuera el sistema sanitario y no la falta del fármaco.
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