Mordaza por inercia

El catálogo de las previsiones legales que pudieran ser lesivas para los derechos fundamentales en su propio enunciado o en su aplicación está claro desde hace siete años. La 'devolución en caliente' de migrantes supuestamente irregulares, la identificación de personas por motivos desconocidos, la «presunción de veracidad» de las declaraciones policiales, el alcance de la desobediencia a la policía, o el de los actos y expresiones humillantes y ofensivos contra los servidores públicos precisarían una revisión jurídica que concilie la protección de la seguridad con el ejercicio efectivo de derechos y libertades sin que éste último quede resentido. Pero todo parece indicar que, puestos en la balanza del cálculo político, el coste que supondría para los partidos que se opusieron desde el principio a la ley mordaza dejarla como está sin modificarla durante lo que resta de legislatura, y el coste que para algunos de ellos podría entrañar el voto positivo a una reforma de mínimos, esta última eventualidad les parece más gravosa. Teniendo en cuenta además que la parte socialista del Gobierno no se muestra especialmente interesada en urgir cambios que puedan resultarle comprometedores. El ministro Grande-Marlaska declaró hace seis meses que el propósito de la reforma era «adaptar» la ley a las «exigencias» del Tribunal Constitucional y del Consejo Europeo. Luego, silencio.