Moneda humana

Cuando todavía retumba en nuestra memoria la guerra del Sáhara y la reciente epopeya soberanista de la isla Perejil en 2002, estremece la imagen de los miles de recién llegados en condiciones extremas, entre los cuales hay aproximadamente 2.000 menores vagando sin destino cierto. Más tremendo, si cabe, es que han sido utilizados como moneda de cambio en un espinoso desafío del Gobierno marroquí a España y a Europa para imponer sus exigencias sobre el Sáhara Occidental. Lejos de utilizar adecuadamente los más de 300 millones de euros recibidos por la Unión Europea para frenar el flujo migratorio, Rabat levantó el pie del control policial, alentando a jóvenes de poblaciones fronterizas hacia un futuro mejor saliendo del país. Una cínica acción que marcará la difícil relación con Madrid y Bruselas.

El hecho agrava el posicionamiento geopolítico de España en el flujo migratorio hacia Europa. Si en el ejercicio 2016, los emigrantes hacia Europa a través del país representaban el 3,4% del total migratorio frente al 46,7% de Italia o el 45,6% de Grecia, desde 2020 España se sitúa en cabeza absorbiendo el 42% del flujo, frente a Italia (34%) o Grecia (14,8%). La situación es difícilmente sostenible. Es el arma que blande Rabat para sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental, cumpliendo la promesa de que la hospitalización humanitaria del jefe del Frente Polisario tendría consecuencias.

La apuesta es inaceptable. La reputación de Marruecos está degradada y ver a sus adolescentes y bebés en aguas ceutíes arriesgando la vida hace incongruente la imagen que pretende vender: apertura, hermosas costas, subyugante desierto, desafíos naturales como el Atlas o el embrujo de Casablanca o Marrakech. Se trata de la posición de un Gobierno que no duda en sacrificar la vida de niños y jóvenes en pro de intereses diplomáticos, evidenciando de esa manera una grave precariedad social tras la suntuosidad dirigente. Europa debe dejarle claro que su crédito internacional se ha agotado y que los pretendidos «derechos» no eximen a Marruecos de cumplir leyes internacionales y los derechos humanos.