Moderación para la seguridad

La multitudinaria manifestación de guardias civiles, policías nacionales, autonómicos y municipales contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno de coalición confirmó ayer en Madrid la existencia de una amplísima contestación por parte de los funcionarios públicos responsables de preservar ... esa seguridad. Pero los poderes Ejecutivo y Legislativo no pueden soslayar la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó la ilicitud de obtener imágenes o datos personales a aquellos supuestos que pongan en peligro a los profesionales policiales y sus familias. Ni desatender las indicaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa sobre el acotamiento de la «presunción de veracidad» de las actas policiales, o la permisividad hacia las manifestaciones espontáneas, entre otros aspectos de la reforma en trámite. Independientemente de la intencionalidad política del PSOE y de Unidas Podemos al derogar la 'ley mordaza', o del parecer que ello les merezca a las asociaciones policiales, es necesario ceñirse a los términos en que se desarrollan los trabajos de la ponencia parlamentaria encargada de revisarla. En una cuestión en sí misma delicada surge un problema que ni el Gobierno ni el Parlamento deberían sortear: el hecho de que toda revisión crítica de la normativa vigente proyecta sombras sobre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Este ha sido sin duda el factor que ha generado una reacción unánime de sus organizaciones representativas. Por eso es imprescindible que el Ejecutivo de Sánchez deslinde expresamente la reforma legal en discusión de la profesionalidad y honorabilidad de los servidores públicos. Y sobre todo que la gobernante Unidas Podemos las reconozca cada vez que se pronuncie sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Junto a ello, es necesario prevenir en el articulado de la nueva norma toda circunstancia que pudiera dar lugar a situaciones de indefensión objetiva para los funcionarios policiales. Entre las recomendaciones europeas destaca, por su insistencia, la necesidad de evaluar los efectos reales de la legislación de seguridad sobre derechos y libertades. Tarea que no se ha realizado de manera rigurosa, sino sujeta al parecer partidario, junto a informes de distintas entidades. Es lo que podía haber atenuado la preocupante polarización nada menos que entre el Gobierno o parte de este y los servidores públicos. Polarización que urge rebajar con la apertura de un mínimo diálogo.