Menor sueldo, menos empleo

La paulatina subida de los salarios pasó, entre 2018 y 2019, de ser una reivindicación sindical a convertirse en un objetivo que lograba una amplia anuencia como requisito para dejar atrás finalmente los efectos de la crisis anterior. En ese contexto, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos procedió al incremento del SMI a 900 euros el año pasado y a 950 euros un mes antes de que la OMS declarase la pandemia y Pedro Sánchez anunciase el estado de alarma en nuestro país. Su próxima subida no parece formar ya parte de los planes del Gobierno. La repentina paralización de la actividad económica y las dificultades de recuperación tras la primera ola epidémica ha cortado de raíz la senda alcista que los ingresos de tantos hogares habían iniciado después de años de devaluación salarial. La subida pactada en los nuevos convenios ha bajado al 1,5% frente al 3,6% de los firmados el año pasado, y un 60% de las empresas declara contemplar ajustes de sueldos. Mientras que responsables del Gobierno y de otras administraciones han comenzado a apuntar a la congelación de las retribuciones de los empleados públicos en 2021, con el argumento de que el IPC se ha vuelto negativo. La bajada de la recaudación tributaria tensiona de tal manera las cuentas públicas que no parece aconsejable imputar al déficit un posible incremento de los sueldos públicos. Pero hay ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales que requerirían estímulos salariales por la implicación personal de sus profesionales frente a la covid-19 por encima de sus obligaciones contractuales. Si el salario medio anual subió un 2,28% en 2019, situándose en 25.537 euros, será muy difícil que durante este y el próximo ejercicio supere esa cantidad. Al tiempo que la sucesión de los ERTE y las pérdidas de empleo elevarán el porcentaje de las familias en torno al umbral de pobreza. Lo que en el mejor de los casos puede anunciarse como una contención a la baja de las remuneraciones salariales será más acusada en unos sectores que en otros, incluso agudizará las diferencias territoriales y, sobre todo, afectará a las mujeres y a los más jóvenes. Aunque las incertidumbres por un lado y lo aciago de las previsiones por el otro inviten a posponer la cuestión de los ingresos salariales, paralizando la actualización de los convenios y dejando el asunto en manos de cada empresa, los actores del diálogo social y las administraciones deben mantener el tema entre los primeros de sus respectivas agendas.