El incremento de contagios por COVID-19 ha puesto en tela de juicio la celebración de las elecciones autonómicas de Cataluña previstas para el 14 de febrero, La normativa en vigor no prevé la suspensión o retraso de una convocatoria ya aprobada. Cataluña atraviesa un ... período demasiado prolongado de inestabilidad que hace urgente la celebración de elecciones. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, exageró ayer los términos de la cuestión al calificar de «suspensión de la democracia» un eventual aplazamiento de los comicios en un momento en que se están aplicando severas restricciones respecto a la vida social y comercial en Cataluña. La imprevisión legal no puede ser argumento suficiente para que las instituciones se vean impedidas de corregir el calendario electoral cuando la propia celebración del 14 de febrero podría volverse un factor añadido a la tercera ola. Claro que para ello sería importante el acurdo de todas las fuerzas representadas en el Parlamento que ha de renovarse. Es evidente que detrás de todas las posturas concurren intereses partidarios. Pero nadie está en condiciones de asumir la responsabilidad de mantener la cita en las circunstancias epidemiológicas que se prevén. El Gobierno de Sánchez, el PSOE y el PSC, que insisten en rebajar la tensión política en Cataluña, incurrirían en flagrante contradicción si se empeñan en mantener la fecha contra el el resto de las fuerzas parlamentarias.
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