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Las familias y las empresas de nuestro país han comenzado a notar las consecuencias energéticas de la guerra declarada por Vladímir Putin al repostar combustible y al tener que corregir las previsiones industriales debido a la carestía de la electricidad. La próxima factura doméstica trastocará ... los planes de muchos hogares, mientras un número creciente de empresas está reajustado la producción en previsión de que se prolongue la crisis en Ucrania. Al tiempo que la agricultura y la ganadería, en un período especialmente seco, se encontrarán con serias dificultades de aprovisionamiento para ofertar productos asequibles a un poder adquisitivo menguante. Este miércoles Pedro Sánchez ha declarado en el Congreso que los incrementos del gas anteriores al comienzo de la invasión demuestran que el Kremlin venía preparándola desde meses antes, tensionando al alza el mercado energético. Pero aunque resulte inadmisible que la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, acusase al presidente de utilizar la guerra para justificar la política del Gobierno, éste debería reconocer que la evolución de la inflación entre finales del pasado ejercicio y la entrada de 2022 no se debió únicamente a los designios agresores de Putin. El Ejecutivo español tiene que actuar conjuntamente con los demás gobiernos europeos y las instituciones de la Unión, pero tiene que hacerlo con rigor, prontitud y ánimo de consenso.
España no puede permitirse afrontar la crisis desatada por Moscú sin el máximo acuerdo entre las fuerzas políticas. Acuerdo que es responsabilidad del Gobierno labrar cada día ante un desafío de tan imprevisibles consecuencias que el propio Sánchez no descarta que podría desembocar en una inflación de dos dígitos. La envergadura del problema, de una invasión que en materia económica ha cuarteado el comercio y las finanzas globales, no permite aproximaciones políticamente oportunistas o evasivas a la cuestión. Es imprescindible establecer cuanto antes el cuadro de sacrificios y renuncias preciso para sortear el embate –empezando por dilatar los tiempos de la transición energética– y fijar las normas, ayudas y ajustes fiscales necesarios. El riesgo está en que los gobiernos se guarezcan en una falsa prudencia, posponiendo la adopción de medidas a cuenta de la volatilidad de los mercados o a la espera de sustituir la energía procedente de Rusia por otra de distinto origen.
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