Pedro Sánchez proyectó ayer desde La Moncloa una imagen de diálogo y concertación con las organizaciones empresariales y los sindicatos, en contraste con la instantánea que en ese mismo momento confirmaba que la Comisión de Reconstrucción del Congreso no era capaz de ofrecer una sintonía pareja. Los trabajos de la instancia parlamentaria constituida a partir de un acuerdo entre el presidente y Pablo Casado han demostrado lo incoherente que resulta propiciar un ámbito de encuentro frente a la pandemia cuando sus principales protagonistas no tienen especial interés en labrar coincidencias. Las conclusiones votadas ayer representan un compendio de reflexiones y propuestas de actuación de indudable interés por la infinidad de aspectos que señala más que por su desarrollo o su concreción operativa. Se trata de un extenso catálogo de propósitos generales e iniciativas apuntadas que no guardan una relación jerarquizada o de prioridades, y mucho menos un cálculo sobre los recursos que se precisarían aun a falta de una memoria económica rigurosa.
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El resultado puede tomarse como una guía cuyo índice temático resulta insoslayable para la acción de las distintas administraciones implicadas en la reconstrucción social y económica del país, con la salvedad de aquellas apreciaciones que hasta en su léxico se ciñen al campo ideológico descrito por el Gobierno de coalición. Una guía que, en cualquier caso, hubiese adquirido valor si fuera acompañada del consenso también general en la Cámara. De ahí que resulte decepcionante que, al aprobarse las conclusiones con los votos del PSOE y Unidas Podemos en ausencia de Vox, los partidos del Gobierno no se hayan esforzado más en precisar su alcance y en establecer un calendario siquiera aproximado para la aplicación de las medidas propuestas.
Su tramitación posterior y debate en el pleno del Congreso a partir del día 20 ofrece todavía la oportunidad de mejorar las conclusiones tanto en cuanto a su concreción operativa como en lo que se refiere a la ampliación de los apoyos parlamentarios. Un margen de tiempo que debiera emplearse para adecuar la literalidad de las resoluciones a la naturaleza autonómica del Estado, especialmente en su vertiente social y sanitaria. La celebración previa del Consejo Europeo permitiría asimismo añadir algunas referencias sobre volúmenes y ratios de financiación que den mayor validez al acuerdo.
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