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Las manifestaciones del Primero de Mayo recuperaron ayer la normalidad perdida en su edición del pasado año, cuando el movimiento sindical no pudo sacar sus reivindicaciones a la calle a causa de la pandemia. Pero esa vuelta a la convocatoria de movilizaciones, que CC OO ... y UGT saludaron con el lema 'Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora', no significa que se haya pasado página respecto a los límites económicos y presupuestarios que ha impuesto el coronavirus a la hora de atender, entre otras, las reivindicaciones sindicales. José María Álvarez y Unai Sordo reclamaron nuevamente al Gobierno el cumplimiento del «acuerdo de coalición progresista» entre PSOE y Unidas Podemos. Un pacto suscrito casi tres meses antes de que se declarara la pandemia, cuya literalidad está sujeta a distintas interpretaciones entre sus propios firmantes, y cuyo mandato no exime al Gobierno de su ineludible deber de concertar sus propósitos iniciales con los agentes económicos y sociales y con los socios de la UE. El país está en deuda consigo mismo y ha contraído obligaciones –también financieras– con otros. El cambio de modelo productivo, como paradigma a compartir en el diálogo social, exige sin duda acabar con las desigualdades extremas, con la temporalidad más precaria en el empleo, con la tasa de paro que atenaza a los jóvenes, con las diferencias salariales entre mujeres y hombres. Muchos de los anhelos sindicales sintonizan con las aspiraciones de la inmensa mayoría de la sociedad. Pero no son metas que puedan alcanzarse derogando las normas vigentes y promulgando otras, sin más. Superar la dualidad del mercado de trabajo, por ejemplo, es una encomienda que depende de un crecimiento mantenido en el tiempo, sin que pueda hacerse realidad por decreto. Es imposible flexibilizar las relaciones en la empresa para evitar el despido como única respuesta si, al mismo tiempo, se pretende restablecer la primacía de los convenios de sector sobre los de empresa. La sostenibilidad de un sistema de pensiones dignas requerirá alcanzar un consenso de partida capaz de soportar periódicas y puntuales revisiones del modelo sin que los 'derechos adquiridos' actúen a modo de reserva moral. CC OO y UGT pueden sentirse satisfechos de que en las manifestaciones de ayer fuesen acompañados por vicepresidentas y ministros, incluida por primera vez la persona titular de la cartera de Trabajo. Pero convendría no equivocarse: no significa carta blanca.
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