Mandato constitucional
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No son las normas de la democracia las que han de modificarse para adecuarlas a la inquina partidista: es esta la que ha de cederLa renovación pendiente de los órganos constitucionales da la medida de la gravedad que alcanza el desencuentro entre las dos principales formaciones parlamentarias, PSOE y PP, que afecta al funcionamiento ordinario de las instituciones, e incluso a la independencia de los Poderes del Estado. El ... Consejo General del Poder Judicial lleva más de dos años y medio de interinidad, el Tribunal Constitucional debería haber relevado a cuatro de sus doce miembros hace año y medio, el Tribunal de Cuentas tendría que renovarse pasado mañana, el Defensor del Pueblo cumple hoy cuatro años en funciones. La confrontación partidaria hace imposible los 3/5 del Parlamento necesarios para la elección de instancias que la Constitución consagra al consenso político. Instancias cuya composición se encuentra varada en los acuerdos de estabilidad institucional que se obtuvieron durante el mandato de Mariano Rajoy, pero que el PP de Pablo Casado elude actualizar y el PSOE de Pedro Sánchez evita convertir en materia de política de Estado. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, rescató ayer la idea que acariciaron los socialistas hace nueve meses para sortear el bloqueo imputado al PP con la elección de los integrantes de los órganos constitucionales por mayoría absoluta y no cualificada. El Presidente Sánchez renunció a intentarlo cuando la Comisión Europea censuró tal propósito. Pero la España constitucional no debería necesitar de supervisión por parte de la UE para respetar el espíritu y la letra de la Carta Magna, a no ser que alguien proponga una reforma en ese sentido de la Constitución.
No son las normas básicas de la democracia las que han de modificarse para adecuarlas a la inquina partidista; es esta la que ha de ceder definitivamente para que las instituciones españolas vuelvan a encarnar un consenso básico. Puede que el PP de Casado, conjurado en que esta legislatura sea la última de Sánchez, continúe negándose al entendimiento mediante argumentos que un día exigen situar a Unidas Podemos fuera del posible acuerdo y, al siguiente, vindican el espíritu constitucional. Puede que el PSOE de Sánchez prefiera apurar las posibilidades que le ofrecería extender la confrontación partidista al enfrentamiento con los órganos constitucionales sin renovar que esforzarse en buscar una salida. Pero son la política y las instituciones de la democracia las que acabarán deterioradas por tan grave desencuentro. Es la convivencia en libertad la afectada ya.
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