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España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la ... igualdad y el pluralismo político». Con este precepto comienza nuestra Carta Magna, la misma que establece el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. En línea con lo anterior, los partidos se configuran como el medio para materializar el pluralismo político, actuando como instrumento básico para garantizar la citada participación política.
Así, por un lado, el pluralismo político, sinónimo de diversidad, como pilar consustancial a todo estado democrático que defiende y respalda la representación de todas las ideas. Y, por otro lado, el sistema electoral como mecanismo tendente a lograr una configuración de las instituciones de gobierno que encarne y reproduzca de la forma más fidedigna posible las ideas y demandas sociales del pueblo soberano. El sistema diseñado por los constituyentes hace ya 45 años ha demostrado una enorme robustez y eficiencia, siendo digno de alabanza. Sin embargo, en nuestros días, el panorama nacional está dificultando su normal funcionamiento.
La tónica del bipartidismo imperfecto que ha venido dominando nuestra historia democrática ha llegado a su fin. Ya no hay mayorías. El contexto político está ahora dominado por una incuestionable fragmentación parlamentaria. Y la consecuencia directa ha sido el surgimiento de un contundente bloqueo y de unas tortuosas y peligrosas dificultades para formar gobierno. La existencia de una pluralidad de partidos puede ser entendida como positiva por necesaria para llevar a efecto el pluralismo. No obstante, esta realidad trae como negativo una tendencia a la polarización que está poniendo en jaque la gobernabilidad. En este contexto surge la siguiente cuestión: ¿son las Cámaras polarizadas un reflejo de la sociedad o es precisamente ese conflicto entre el cuerpo político el que está siendo transmitido a la sociedad, dividiéndola y generando tensiones entre la ciudadanía?
Sea como fuere, para lograr una efectiva gobernabilidad es preciso encontrar un equilibrio entre dos vectores. El primero, el de la representatividad, que debe tender a su máximo, consiguiendo una composición de las Cámaras que responda a las demandas de los ciudadanos. Y el segundo, el de la polarización ideológica entre los representantes, que debe tender a su mínimo para favorecer la negociación y la adopción de acuerdos.
Abordar la situación resulta primordial. Es preciso y urgente lograr una armonía entre pluralismo y unidad a fin de evitar que la inestabilidad política se convierta en una tónica de hacer y deshacer constantemente, perdiendo de vista la sostenibilidad en el medio y largo plazo. Pues, de lo contrario, en palabras de Blanco Valdés, nos dirigiremos desbocados hacia una «perfecta ingobernabilidad».
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