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Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes ... para hacer efectivo este derecho». Este es el contenido del artículo 47 de nuestra Constitución, sacado a menudo a relucir a la vista de los problemas más que latentes que presenta el mercado inmobiliario en nuestro país.
Desde un punto de vista jurídico, pese a que el artículo 47 utiliza el concepto 'derecho', no nos encontramos en realidad ante tal cosa, sino ante lo que se conoce como un principio rector de la política social y económica. Es decir, se trata de una especie de norma orientativa que debe guiar la actuación de los poderes públicos pero no de un derecho que podamos exigir directamente.
Sin embargo, y dicho esto, desde un punto de vista social, humano, o como prefiera llamarse, todo el mundo debería tener un techo bajo el que vivir.
El reto de la vivienda es un problema grave. Y es un problema urgente. Grave, porque afecta directamente a la dignidad de las personas y porque cada día somos más y más los que nos vemos afectados por él. Urgente, porque si no se logra una solución en el corto plazo, el conflicto social va a ser incontenible.
Las protestas que han tenido lugar en Madrid han sido el estallido que ha mostrado a una ciudadanía harta de la situación y poco dispuesta a que se mantenga en el tiempo. Pero la capital no es la única afectada. La crisis inmobiliaria se vive en toda la nación, habiendo llegado ya, desde hace un tiempo, a La Rioja.
La escasa oferta de inmuebles en alquiler para vivienda habitual es alarmante. No es raro ver carteles en los escaparates de las inmobiliarias que rezan «se necesitan pisos de alquiler». Ello, sumado a la gran demanda existente, ha favorecido la especulación en los alquileres de viviendas, con unos precios que no son asequibles y con unos requisitos para su concesión que empiezan a equipararse a los de una hipoteca.
Es cierto que se han convocado ayudas al alquiler, fundamentalmente para jóvenes. Sin embargo, el problema no queda, ni mucho menos, solventado. Para empezar, la renta máxima de 600 euros que se exige para su concesión deja fuera a una buena parte de los inmuebles que se ofertan. Para seguir, una vez concedidas, tras la espera que conlleva su tramitación, el importe debe ser declarado como ganancia patrimonial en el impuesto sobre la renta. Y, para terminar, las soluciones no contemplan a quienes ya tienen una cierta edad y carecen de un inmueble en propiedad, que han sido abandonados a su propia suerte.
En este contexto, me pregunto cómo podemos planificar un futuro digno. Por el momento, la respuesta es esta: no podemos. Así que, toca seguir compartiendo piso, recurriendo al pluriempleo para llegar a fin de mes y renunciando a la posibilidad de ahorrar para, en un futuro lejano, plantearnos la opción de comprar.
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