Lucha por la vida

El primer diagnosticado de coronavirus lo fue el 1 de febrero y el segundo el 10 de ese mismo mes. Pero aquellas noticias subrayaban la coartada de que la infección procedía del exterior. Durante semanas, la diferenciación epidemiológica entre los contagiados provenientes de China –y más tarde, de Italia– y los comunitarios sugería que solo se trataba de impedir la infección de los nacionales, nada menos. Incluso, una vez desatada la epidemia, la localización de algunas cadenas de transmisión y su desigual extensión territorial mantuvo el problema lejos de la preocupación principal de muchísimos españoles. Hasta la suspensión de la feria de telefonía móvil de Barcelona llegó a entenderse como un exceso en el que primaban intereses particulares. Sin embargo, los institutos de epidemiología sabían perfectamente que esto podía ocurrir. Que esto iba a ocurrir. La gestión de crisis obliga a las autoridades a administrar con mesura la información de la que disponen y, sobre todo, los escenarios que proyecta una epidemia así.

La insistencia oficial en que nos aproximamos al pico de los contagios obedece a un pronóstico fundado. Pero no debería inducir la inexorabilidad de los fallecimientos que tengan lugar en adelante cuando tantas personas se resisten a la fatalidad. Ni introducir en el ánimo ciudadano la impaciencia derivada de una errónea interpretación de lo que vendrá cuando la curva epidémica alcance su cota más alta. Es necesario que la opinión pública tenga confianza en que llegado el momento comenzarán a desescalarse las restricciones. Pero convendría no poner fechas, ni siquiera aproximadas, al paulatino restablecimiento de la normalidad.