Licencia para insultar

Las sesiones del Congreso están resultando cada vez más bochornosas. No debería ser plato de gusto para nadie asistir a la sarta de descalificaciones que, desde hace tiempo, nos ofrecen. Pero en estas dos últimas semanas se ha pasado decididamente del insulto a las palabras mayores, como acusar de delitos. Pasó en la sesión dedicada a convalidar la reforma laboral en la que una oposición frustrada y furiosa por el resultado positivo, afirmó que se había producido «pucherazo» en la votación y acusó de «prevaricación» a Meritxell Batet.

Para colmo, el jueves pasado, el diputado del PP Pablo Hispán exigió la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, «por ineptitud, clientelismo y corrupción en la gestión de los fondos europeos». La vicepresidenta replicó displicente que ese había sido «el enésimo ataque personal, la enésima calumnia, la enésima mentira». Es decir, aplicó el sabio principio de, a palabras necias oídos sordos.

La intervención previa habría resultado poco útil ya que la vicepresidenta había dado cuenta de los buenos resultados económicos y del hecho destacable que «la Comisión Europea haya revisado al alza sus previsiones para España». Pero como en Bruselas hacen caso omiso de las denuncias que presenta el PP contra el Gobierno de España en cuanto al manejo de esos fondos, ahora disparan contra la que fue una de las grandes protagonistas de esa ingente operación.