España ya está situada en el nivel de riesgo bajo de la pandemia de COVID-19 al reducirse la incidencia a menos de 49 casos por cada 100.000 habitantes, una cota que no se registraba desde julio de 2020. Con todo, la letalidad media ... de la última semana sobrepasa las cuarenta muertes diarias, una cifra que hoy parece no impresionar pero que resulta estremecedora. Más de 36,8 millones de españoles tienen la pauta completa de vacunación con dos dosis, una en el caso de Janssen (77,6% de la población) y más de 37,7 millones han recibido al menos una inyección (79,6%). Pero la situación no es homogénea: mientras algunas comunidades como Galicia y Asturias han alcanzado la 'nueva normalidad' en términos epidemiológicos, otras como Cataluña están por encima de los 50 casos. Ahora ya se plantea la administración de una tercera dosis y se estudia si hay que combinar este tratamiento con la vacuna de la gripe, que podría reactivarse este año. Y la comunidad internacional empieza a tomar conciencia de que el problema no se habrá disipado hasta que la vacunación alcance a todo el mundo. De momento, el 46% de los habitantes del planeta ha recibido al menos una dosis; pero África apenas alcanza el 7%. El riesgo de nuevas mutaciones del virus, que quizá no respondan a las vacunas actuales, sigue siendo una temible realidad.
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En este contexto, se inicia la recuperación socioeconómica cuando se acaba de conocer que la pobreza severa alcanza ya a los seis millones de españoles (2,5 millones más que en 2018), según Cáritas y la Fundación Foessa, en buena medida a causa de la pandemia. Es de esperar que la reconstrucción y la modernización que se inician, gracias a los recursos comunitarios, mejoren los equilibrios sociales, hoy desoladores. Pero de momento las medidas son insuficientes –la renta mínima adoptada ha sido ineficaz– y todo indica que la sanidad española sigue igual que en la época prepandemia, con las mismas ineficiencias, sin haberse reorganizado ni reforzado ni puesto al día. Y, por no tener, hasta se carece de un procedimiento para decretar nuevos confinamientos, ya que el Tribunal Constitucional ha desautorizado la adopción del estado de alarma y no se ha legislado para suplir este vacío. Parece que se ha salido del pozo pero con cierta desorientación que no permite grandes certezas para el futuro. Un futuro muy arduo al que se llega con un inquietante desunión política que dificultará la respuesta a los retos.
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