Legislar para uno mismo

El Ejecutivo opera como si el mantenimiento de los equilibrios en la mayoría parlamentaria que lo sostiene fuese la única razón de ser de la legislatura para intentar así asegurar un próximo cuatrienio en el poder. Soslaya la conveniencia del máximo consenso político y social mediante tramitaciones parlamentarias exprés, deprecia la necesaria coherencia legislativa –como en el caso del Código Penal–, pasa por alto la solvencia jurídica de las nuevas normas cuando además se eluden informes preceptivos recurriendo a proposiciones de ley y no repara en el desconcierto ciudadano a que da lugar todo ello. El hecho de que los letrados del Congreso hayan considerado «antijurídico» convertir la proposición de socialistas y morados que plantea acabar con el delito de sedición en una iniciativa 'ómnibus' que introduciría cambios que afectan al CGPJ y al Tribunal Constitucional da buena cuenta de lo que está ocurriendo.

La democracia parlamentaria ha de atender al criterio de la mayoría. Pero su calidad se resiente cuando la aritmética partidaria –en este caso, especialmente prestidigitadora– prevalece sobre el óptimo de un entendimiento más integrador y duradero. Máxime cuando puede afectar a la entereza constitucional de la producción legislativa o se concibe desde postulados insensibles a los efectos reales a que pueda dar lugar su aplicación. Lo preocupante no es que cada iniciativa legislativa aflore diferencias entre socios y aliados. Lo preocupante es que el Gobierno y el bloque de investidura despachen siempre sus cuitas escorando la legislatura hacia su extremo ideológico e identitario, lo que genera un clima propicio a la arbitrariedad institucional.