Lastre para el PP

El procedimiento que el juez Manuel García-Castellón sigue sobre la llamada 'operación Kitchen' –urdida supuestamente desde «órganos superiores de la Administración del Estado» para vigilar y sustraer información a Luis Bárcenas al margen de las pesquisas ordenadas por los tribunales– se ha agravado con la revelación incriminatoria de los mensajes enviados por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. La investigación de la Fiscalía alcanza a los exministros de Interior y de Defensa, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal –esta última, también ex secretaria general del PP– por los posibles delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos. Martínez señala asimismo al expresidente Mariano Rajoy. Todos ellos se exponen a ser citados a declarar en la Audiencia Nacional bien en calidad de investigados, bien como testigos, para desentrañar si hubo responsables políticos por encima de la trama policial gestada por comisarios afines al PP que habrían actuado supuestamente al margen de la ley con fines partidistas y dinero público.

Según las informaciones que han trascendido, la 'operación Kitchen' pretendía obstruir y limitar la acción de la Justicia en el 'caso Bárcenas' con la intención última de evitar que el extesorero del PP perjudicara a esta formación y a sus dirigentes con material comprometedor sobre sucios manejos de corrupción. El caso interpela gravemente al Partido Popular no solo porque tuvo lugar bajo el mandato de Rajoy, sino porque los indicios disponibles comprometen de forma directa a algunos de sus entonces responsables. No obstante, es dudoso que la comisión de investigación que varios grupos parlamentarios tratan de constituir añada al procedimiento judicial abierto algo más que una caja de resonancia partidaria.

Pablo Casado alegó ayer que entonces él era únicamente diputado por Ávila y que las personas mencionadas en el caso no ocupan ya cargos en el PP. La presunción de inocencia les amparará mientras no se dicte una sentencia condenatoria en su contra. Todavía ni siquiera están formalmente investigados. Al desentenderse del pasado, el presidente actual del Partido Popular elude su responsabilidad política cuando nada le impide pronunciarse sobre la naturaleza inequívocamente reprobable de los hechos relatados en el supuesto de que fuesen ciertos.