Justicia sin controversias

A la espera de que el Constitucional dé a conocer el contenido de la sentencia y los argumentos particulares de los tres magistrados que votaron en su contra, la resolución adoptada confiere mayor solidez a las 24 condenas dictadas en los seis años transcurridos desde que entró en vigor la regulación. Pero la confrontación parlamentaria que esta suscitó en su día da cuenta de la naturaleza controvertida de la prisión permanente revisable. El hecho de que el Alto Tribunal se haya visto obligado a dirimir sus diferencias internas mediante una votación –con el resultado de siete vocales a favor y tres en contra– revela la persistencia de una discusión jurídica entre posiciones que aparentan ser irreconciliables.

Las personas sentenciadas a prisión permanente revisable lo han sido por crímenes que, en su espanto, han centrado la atención pública durante semanas y meses, y generado estados de opinión que realzaban la función punitiva de las penas de cárcel. Pablo Casado anunció ayer que, de acuerdo con la proposición presentada por el PP en enero de 2019, cuando llegue al Gobierno ampliará esta figura «a maltratadores que acaban asesinando, asesinos que oculten el cadáver y violadores reincidentes». La Justicia difícilmente puede realizarse agrandando las diferencias sobre el Código Penal. El Estado de Derecho ha de sostenerse sobre el consenso político y la aproximación de doctrinas.