La coherencia del consejero Galiana

Como bien dice la señora Moreno, «la 'ayuda' anunciada es fácil de entender». Otra cosa es lo que cada cual quiera entender. Se trata de una ayuda para que las familias riojanas que han elegido un centro de la red concertada para sus hijos en Educación Infantil no se vean obligadas a cambiar de red por sectarismo político.

El Código Civil español dice que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». En riojano: un político que forma parte del poder legislativo tiene que cumplir todos y cada uno de los artículos de la Carta Magna. También el artículo 27, en el que se reconocen expresamente el derecho a la creación de centros docentes y la libertad de elección centro y modelo educativo; y se recuerda que son los poderes públicos quienes tienen que garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que ellos –los padres, y no los políticos– elijan. Los de la izquierda y ultraizquierda parece que estén exentos de cumplir las leyes.

Llama la atención que, apelando a convenios internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos o de los Derechos del Niño, y a una mala interpretación de los derechos de la familia, desde posturas estatalistas lo que está claro sea oscuro. Los derechos son de las personas, no del legislador. Este intencionado malentendido ha obligado a acudir a los tribunales en más de una ocasión.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 recuerda la obligación de la Administración de velar por el derecho de las familias a elegir el modelo de enseñanza que quieren para sus hijos. Dicho derecho está protegido por la Constitución y recogido en las sucesivas leyes educativas desde el 1985. No se trata de un elemento añadido o complementario al derecho a la educación, sino consustancial a él. Dicho de otra forma, el derecho a la educación existe cuando se puede acceder a la educación que los padres quieren; si no es así, queda dañado gravemente por ser una limitación que impide que todos españoles se beneficien en las mismas condiciones. El derecho a la educación no está vinculado a dónde vives o a cuánto ganan los padres.

Más allá del mantra implantado en cierto sector de la sociedad, lo que nuestro ordenamiento legal defiende y promueve es el derecho público a la educación y no un supuesto derecho a una educación pública. En educación, el foco no puede poner en los bienes de los padres, sino en el bien del menor. Son los padres quienes eligen el modelo educativo para sus hijos, ya sea en Educación Infantil o en Bachillerato.

Tener un salario por encima del SMI es legal en España. No hay ningún tribunal que lo sancione. Ignorar la demanda social, perseguir un modelo educativo o privar a las familias del derecho a elegir en libertad el modelo educativo que quieren para sus hijos, sí ha sido reprochado por el Tribunal Supremo.

No seré yo quien se erija en juez y dicte sentencia sobre la cristiandad o no de la defensa de las declaraciones de los Derechos Humanos y de los Derechos del Niño, de la Constitución Española y de las sentencias del Tribunal constitucional. Doctores tenía la santa madre Iglesia para estas causas. Ahora, esta prerrogativa parece haber pasado a la Izquierda.

No está de más recordar que en La Rioja, a pesar de lo que digan los políticos, la opción por la concertada es representativa de nuestra demografía. El alumnado de la red concertada no es el alumnado de Netflix, que va al colegio en coches de lujo. Quien tenga dudas solo tiene pasear por Logroño, Nájera, Calahorra o Santo Domingo y ver el nivel socioeconómico del alumnado de los colegios de las dos redes, su país de procedencia, su origen cultura, etc.

Es triste que quien tiene acceso a los datos oficiales quiera patrimonializar a 'los buenos' en la red pública y convertir, por puro sectarismo, a los cientos de familias de la red concertada que cobran por debajo del SMI, que son fijos discontinuos y llevan meses sin trabajar, o que dependen de la beca del comedor para garantizar a sus hijos una comida saludable al día, en una élite que no existe. Hay titulares populistas que se alejan mucho de la realidad.

Al alumnado real que ha cursado 4º de ESO en la red concertada le ampara la constitución para cursar Bachillerato en la red que sus padres eligieron para él.

No sé si la política del señor Galiana es cristiana, pero sí es coherente: en su programa electoral prometían la educación gratuita de 0 a 18 años. Han dado el primer paso. Gracias, señor Galiana por ello.