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He recordado estos días una película que vi hace muchos años, 'Vencedores o vencidos', dirigida por Stanley Kramer, y con un reparto que incluía a Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark y otros de similar categoría, que obtuvo varios Oscar y cuya revisión recomiendo.
El ... film trataba de los juicios de Nuremberg, pero no del que juzgó a los principales responsables, Göring, Keitel, Ribbentrop..., sino a otros nazis menos conocidos y relevantes sin cuya siniestra colaboración no hubiera sido posible aquella vesania genocida que inundó Alemania. Concretamente, se detenía en juzgar la conducta y establecer la responsabilidad de un importante profesor de Derecho y juez de los Tribunales que había justificado con sus tratados y aplicado las leyes racistas, de esterilización y eutanasia de minusválidos y limpieza étnica.
El abogado defensor, interpretado por Maximilian Schell, premiado con el Oscar por su actuación, se esfuerza en justificar la conducta de su defendido e intenta arrojar la culpa sobre los principales gobernantes nazis y sobre los propios judíos objeto de aquellas leyes monstruosas, ante la impasibilidad y obstinado silencio del acusado, hasta que durante el interrogatorio de una joven judía a la que el abogado intentaba culpabilizar, el profesor rompe su imperturbabilidad y su mutismo, desautoriza a su abogado y reconoce la monstruosidad de su conducta. La historia está basada en la vida del profesor Franz Schlegelberger que, además de secretario de Estado, fue un importante jurista autor de varios libros y que finalmente fue condenado a cadena perpetua.
Recordando esta película me he preguntado cómo es posible que un gobierno, como el actual, del que forman parte varios magistrados y juristas, haya aceptado sin protesta el ataque al Derecho, a la democracia y a la división de poderes que ha perpetrado y consumado el presidente del Gobierno con sus alianzas y el precio que por ellas ha aceptado pagar.
Es evidente que, en contra de lo que muchos piensan, las agresiones a la democracia de Sánchez no han sido forzadas por su necesidad de votos, sino que forman parte de un plan que algunos, véase Rivera en el Congreso en 2019, ya habíamos advertido, consistente en desmontar los mecanismos democráticos, tanto de la separación de poderes, como del control de su ejercicio, con la finalidad de impedir que la mitad de los españoles, considerados por Sánchez 'fascistas', pueda nunca acceder a gobernar e impedir cualquier acuerdo con los partidos democráticos de la derecha.
Este abandono del pacto constitucional y el señalamiento como enemigos de la mitad de los españoles, con el consiguiente incremento del odio y el enfrentamiento, algún día exigirá rendición de cuentas a sus autores y entonces, lo mismo que hicieron los nazis de segundo nivel, estos ministros-magistrados y demás cómplices del desastre alegarán como aquellos: «Que obedecían órdenes».
Pero esa excusa no es válida porque, al contrario de lo que ocurría en la Alemania nazi, en España todavía se puede discrepar y mantener la dignidad sin peligro de muerte.
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