La democracia menguante

Esos mecanismos, en esencia, consisten en un parlamento, elegido mediante sufragio libre y secreto, que controle al ejecutivo, y un poder judicial independiente que asegure que los otros poderes no se apartan del cumplimiento de las leyes.

Sin embargo, esa construcción puede desmoronarse, y de hecho lo hace, mediante dos procedimientos: uno burdo, violento y descarado que es un golpe de estado y que no trata de ocultar su carácter autoritario; y otro, más sibilino, que acaba con la democracia mediante un lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico y la prensa y la erosión de las normas políticas tradicionales, pero que trata de conservar la apariencia de una verdadera democracia.

Y este es el verdadero peligro puesto que si bien el sistema claramente autoritario concita la repulsa de la opinión internacional y la oposición de los ciudadanos, el otro procedimiento, al ser paulatino y conservar aparentemente las instituciones que garantizan la democracia, pasa inadvertido hasta que ya es demasiado tarde.

Paradigma de este procedimiento fue el camino que llevó a Hitler desde su acceso al poder mediante elecciones a un régimen absolutamente autoritario o, más recientemente, el caso de Chávez en Venezuela, Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía que, partiendo de unas elecciones, han desnaturalizado totalmente la democracia conservando su apariencia.

Durante este proceso, quienes denuncian los abusos del gobierno son descalificados como agoreros o alarmistas, mientras que para la mayoría la erosión de la democracia es casi imperceptible.

Y en España, alguno de los mecanismos de adulteración de la democracia está comenzando a asomar su fea cabeza y ya hay algo más que sospechas de instrumentalización de los tribunales y otros organismos neutrales, de ocupación de los más importantes medios de comunicación y de puesta de la mayor parte de las instituciones y centros de poder al servicio del gobierno.

Al estarse utilizando para ello el procedimiento sibilino, una buena parte de la población jalea esos abusos y considera que la voluntad popular representada por el Parlamento está legitimada para aprobar leyes que transgreden claramente el espíritu constitucional, lo que implica aceptar, por ejemplo, que una ley que aprobara la obligación de las mujeres de llevar velo sería aceptable siempre que el Tribunal Constitucional la considerara acorde con la Constitución, procedimiento que ante la ocupación por los políticos de ese tribunal sería posible y acarrearía el fin de la democracia.

Y en ello estamos.