O Derechos Humanos o genocidio

¿Cómo puede una administración celebrar los principios fundamentales de las Naciones Unidas mientras ignora, no solo sus obligaciones legales, sino los deberes históricos y democráticos que se derivan de su propia responsabilidad con la ciudadanía? La respuesta está en la hipocresía institucional que, en lugar de promover la verdad, la justicia y la reparación, sigue protegiendo la memoria del fascismo. No olvidemos que a la par que, tanto la administración local como la regional, se les oye permanentemente reclamar los derechos de las victimas del terrorismo, ignoran por completo las victimas del franquismo que se convierten de facto, en victimas de segunda sin derechos efectivos. No podemos permanecer impávidos asumiendo como normal que estos mismos derechos sean aplicados a las víctimas de ETA y a la par que a las víctimas del franquismo le sean negados.

La creación de las ONU en 1945, de la que estaba excluida la España franquista, supuso un hito de la humanidad y no es casualidad que la ONU se haya implicado activamente en la defensa de la memoria histórica en el mundo.

A pesar de que el Ayuntamiento de Logroño pretende alinearse con los valores de la ONU, esta misma administración ha demostrado una desidia alarmante en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Un caso concreto y vergonzoso es la persistencia del nombre de la línea de autobús, un centro de salud y un polideportivo dedicada al general franquista Juan Yagüe, 'el Carnicero de Badajoz'. Fue responsable de la muerte de miles de civiles en Badajoz en 1936, con ejecuciones sumarias. Mantener su nombre en nuestros espacios públicos no solo es afrenta a víctimas y familiares, sino que supone un claro incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

La Ley de Memoria Histórica no es solo un texto legal más. Cuando las administraciones locales, como la de Logroño, se niegan a aplicarla, están perpetuando la injusticia. No solo fallan a las víctimas del franquismo, sino que también están enviando un mensaje peligroso a la sociedad: que la memoria de los fascistas sigue teniendo un lugar de honor en nuestros espacios públicos.

Es un deber ético y democrático de las instituciones actuar con valentía y responsabilidad en la aplicación de esta ley. La resistencia para hacerlo refleja la persistencia de viejos prejuicios y una visión complaciente del franquismo, que sigue presente en ciertos sectores de la sociedad española. Si el Ayuntamiento de Logroño realmente quiere estar a la altura de los valores que promueve Naciones Unidas, debería empezar por hacer un ejercicio de coherencia democrática.

La memoria histórica no es una cuestión secundaria ni un capricho de determinados colectivos. Es una necesidad urgente en un país que, décadas después de la dictadura, sigue arrastrando heridas abiertas que solo podrán cicatrizar cuando haya un reconocimiento pleno de lo ocurrido y un esfuerzo decidido por restaurar la verdad y la justicia. En este sentido, sería un gesto significativo que el Ayuntamiento no solo aplicara de inmediato la Ley de Memoria Histórica y retirara el nombre de Yagüe de su ciudad, sino que también promoviera actos públicos de reconocimiento a las víctimas del franquismo y a sus familias. Conmemorar la historia de la ONU es también recordar que los derechos humanos no pueden desligarse de la verdad y la justicia.

La actitud del Ayuntamiento de Logroño no es un caso aislado. El gobierno regional sigue en ese mismo camino de parálisis e inacción respecto a la aplicación de las leyes de memoria en vigor. En España también numerosas instituciones locales y regionales continúan incumpliendo la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, estas mismas instituciones no dudan en adherirse a celebraciones internacionales que promueven los derechos humanos, como si fuera posible desentenderse de su propia historia mientras se abrazan causas universales.

Es urgente que Logroño y La Rioja dejen de perpetuar la impunidad del franquismo y afronte de manera decidida la construcción de una memoria democrática. La ONU ha señalado con claridad que España aún no ha cumplido con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista. No podemos celebrar los principios de derechos humanos que promueve Naciones Unidas mientras se ignora esta deuda histórica.