El 14 de abril de 1931, España vivió un momento de esperanza con la proclamación de la Segunda República. Ese tiempo, aunque breve, marcó un ... hito sin parangón en la lucha por la justicia social y la democracia de España, impulsando avances en derechos laborales, educación, igualdad y laicidad. Un intento de construir un país donde el pueblo tuviera el poder real sobre su destino, y su legado sigue siendo hoy una referencia para quienes luchamos por una España justa y democrática.
Sin embargo, ese camino fue abruptamente interrumpido y sustituido por el fascismo que al final de su vida consolidó la monarquía como su heredera. La monarquía española no es un símbolo de unidad ni una institución neutral, sino una herencia directa del franquismo, impuesta para perpetuar el poder de las élites tras la dictadura. Al pueblo español se le negó el derecho a decidir su forma de Estado, y esa negación sigue vigente pasados más de 40 años. La transición, lejos de ser una ruptura democrática, fue un pacto entre los mismos poderes de siempre para mantener sus privilegios bajo una nueva apariencia.
Hoy, en plena crisis social y económica, vemos las consecuencias de ese modelo. Mientras el pueblo español sufre precariedad, inflación y el deterioro de los servicios públicos, el gobierno aumenta el gasto militar y se pliega a las exigencias de la OTAN. Nos dicen que no hay dinero para reforzar la sanidad pública, garantizar vivienda digna o mejorar las pensiones, pero sí para comprar armamento y participar en una escalada bélica en Europa que solo beneficia a la industria militar y a las élites económicas. Las políticas de austeridad que se aplicaron tras la crisis financiera nunca se han revertido, se recortaron derechos y servicios con la excusa de la estabilidad económica, pero cuando se trata de aumentar el gasto en defensa, el dinero aparece sin problema. España ya ha comprometido miles de millones de euros en armamento, al mismo tiempo que la ciudadanía sufre la subida de los precios, la precariedad laboral y la falta de acceso a necesidades básicas como la vivienda o la energía.
La República no es un sueño lejano, es la única vía para una democracia real y una sociedad más justa
Este modelo no responde a los intereses del pueblo, sino a los de una minoría que sigue beneficiándose del sistema. La Constitución de 1978 blindó la monarquía y priorizó el pago de la deuda sobre los derechos sociales. Los grandes poderes económicos y las instituciones europeas influyen en las decisiones políticas, garantizando que las reglas del juego no cambien en lo esencial. Se nos habla de democracia, pero las cuestiones fundamentales siguen fuera del alcance de la voluntad popular. Mientras tanto, la monarquía continúa acumulando escándalos sin consecuencias, protegida por un sistema judicial y político que prioriza su estabilidad sobre la justicia. Esta falta de democracia real ha generado una desconexión profunda entre el sistema político y la realidad social del país. El pueblo español no puede seguir aceptando una Constitución que no le representa y no puede seguir viviendo bajo un sistema que le ha excluido del poder real y que sigue siendo un instrumento de control de las élites.
Frente a este panorama, la única salida es la República. Pero no una República simbólica, sino un sistema que garantice derechos fundamentales hoy relegados. Una República que impulse una sanidad pública universal y de calidad, asegure el derecho a la vivienda mediante un parque público de alquiler. Un modelo que garantice la reindustrialización con empleo estable y salarios dignos, una educación pública fortalecida y la reversión de los servicios privatizados. Pero sobre todo, una República que devuelva al pueblo el control de su economía mediante la nacionalización de los sectores estratégicos: energía, transporte, telecomunicaciones, banca y grandes industrias. Solo con el control democrático de los medios de producción será posible garantizar que la riqueza generada por la clase trabajadora revierta en el bienestar colectivo y no en la acumulación de unos pocos.
No podemos seguir aceptando una democracia limitada, en la que las élites deciden y el pueblo solo asiente. Es hora de abrir un proceso constituyente que nos permita construir un país donde el bienestar colectivo esté por encima de los intereses privados. No se trata solo de cambiar la Jefatura del Estado, sino de transformar un sistema que ha demostrado estar al servicio de unos pocos. La República por la que luchamos es la que construya el poder del pueblo, que ponga la economía al servicio de la mayoría y que garantice una democracia real basada en la justicia social.
La República no es un sueño lejano, es la única vía para una democracia real y una sociedad más justa. Porque sin República no hay democracia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.