No se deje confundir por el titular: este artículo va con usted. Le concierne. Porque de lo que vamos a hablar es, nada menos, que de libertades individuales. Google, con su sobrecogedora posición de dominio en el mercado digital, que es tanto como decir en ... el mercado, se ha hartado de ser buscador. Quiere ser más. Quiere ser la central de distribución de contenido periodístico. Y quiere hacerlo en su estilo, o sea, como único proveedor. Hagamos un poco de historia.
A partir de los atentados del 11-S, Google decidió que los medios estaban desordenados, que eran muchos, y que los ciudadanos, desvalidos ellos, necesitaban de su filantropía para proporcionarles orden. Se puso manos a la obra y lanzó Google News, una central de distribución de noticias de cualquier medio, ordenadas a partir de criterio de un algoritmo, es decir, de un criterio opaco. Las marcas tradicionales veían cómo sus informaciones, elaboradas con la correspondiente inversión en profesionales cualificados y recursos tecnológicos avanzados, eran puestas a disposición de los lectores de Google de manera gratuita. ¿Qué sacaban los editores de esto? Tráfico indirecto y dilución de su marca, ya que quedaba subordinada a otra mayor. ¿Qué sacaba Google? Tráfico directo, datos de navegación de los lectores, prestigio como distribuidor de contenido informativo llovido del cielo y, sobre todo, ingresos por publicidad. En este punto es bueno recordar que se estima que entre Google y Facebook concentran el 80% del mercado publicitario digital mundial.
En 2013, la asociación de editores españoles logró un hito en la lucha por la protección de los derechos de los editores. El texto de la ley de propiedad intelectual que el entonces gobierno del Partido Popular propuso para aprobación en el Parlamento contenía en su artículo 32.2 que los editores tenían derecho a ser retribuidos por el uso de sus contenidos. Hasta ahí todo en orden para el gigante de Mountain View, ya que podría hacer lo que se le da mejor: pactar con algunos editores disidentes la desarticulación de cualquier iniciativa colectiva. Esto es eficaz ya que el, en otros tiempos, buscador tiene a su merced impulsar o expulsar del mercado a aliados o contrarios por un, seamos claros, precio insignificante si se compara con sus fines perseguidos. El problema para Google es que, como siempre, el diablo estaba en los detalles. La norma española contenía un adjetivo que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para los directivos de Google: el derecho de los editores a ser retribuidos era IRRENUNCIABLE. La posibilidad de romper la unidad de acción de los editores mediante la distribución de platos de lentejas quedaba imposibilitada por ley. ¿Consecuencia? Google News cerró en España. ¿Impacto en la capacidad de los ciudadanos para acceder libremente a información? Ninguno. Aquí quiero subrayar que los editores jamás nos hemos opuesto a la función de buscador del gigante tecnológico sino a su pretensión de erigirse en un 'medio de medios'. Y no hay mejor factor disuasorio que fijar un precio entre nuestros contenidos y su marca.
Durante años, editores y políticos españoles hemos resistido sin doblegarnos (unos más que otros) las embestidas de la poderosa maquinaria de 'lobby' de Google gracias al escudo que nos proporcionaba la IRRENUNCIABILIDAD. Pero nuestro dominante competidor es tenaz y encontró una puerta trasera. En Chrome, su omnímodo buscador, empezó a ofrecer noticias como resultado de búsqueda en el móvil antes incluso de haber tecleado una sola letra en el cajetín. Esto se llama Google Discover y no es más que la antigua y renovada pretensión de ordenar y ofrecer nuestras informaciones mezcladas a su antojo con las de nuestros colegas. Amparados por la ley española, los editores pasamos al cobro la factura correspondiente y, al ser desatendida, procedimos a demandar con acuerdo a la ley.
Un tercer intento, Google Showcase (mismo perro, distintos collares) se está poniendo en marcha estos días. Esta vez Google se ha lanzado a pactar con algunos editores, nativos digitales y 'legacy', condiciones para que estos renuncien a sus derechos de retribución por el uso de sus contenidos. La condición que ponen para ejecutar esos acuerdos es que los editores agraciados presionen para que se trasponga la directiva europea, mucho más laxa que la ley española, y se retire de la ley la IRRENUNCIABILIDAD (su machacona insistencia a lo largo de ocho años certifica nuestro acierto). La disyuntiva que se presenta a los editores es elegir entre la vigencia de nuestras marcas, la independencia respecto de nuestro omnímodo competidor y la búsqueda de nuestro propio negocio o la subordinación de nuestras cabeceras a otra mayor y única, llámese como se llame, hasta quedar reducidos a meros servicios de agencia. Las consecuencias para usted serán obvias: un solo aglutinador de información, que ordenará los contenidos a su antojo (¿conoce usted las motivaciones de Google?), que concentrará la práctica totalidad del negocio y que tendrá control sobre los editores abriendo y cerrando el grifo de sus limosnas. ¿Lo que está en juego? La prensa libre y plural. Sí que iba con usted, ¿no?
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