Parlamento y defensa nacional

La Constitución delimita con claridad las competencias que sobre la materia 'defensa nacional' corresponden respectivamente al Ejecutivo y a las Cortes. El artículo 97 atribuye expresamente al Gobierno de la nación las funciones de «dirección de la administración militar y de la defensa del Estado». Ahora bien, esa dirección se ejerce bajo control parlamentario y no puede desarrollarse en contra o al margen del legislativo. De hecho, las Cortes son titulares de dos competencias fundamentales en materia de defensa.

La primera es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en los que deben incluirse las partidas correspondientes a inversión y gasto en defensa (artículo 66). La Ley orgánica de Defensa Nacional, aprobada en 2005, en su artículo 4.1.b establece que corresponde a las Cortes «aprobar los créditos presupuestarios» correspondientes. La segunda es la prevista con redacción desafortunada en el artículo 63.3: corresponde también al Parlamento la «autorización de la declaración de guerra». En la medida en que las declaraciones formales de guerra están como tales prohibidas por el Derecho Internacional, el sentido del precepto es exigir el aval parlamentario al envío de tropas al exterior en el contexto de un conflicto armado. La Ley orgánica de Defensa Nacional explícitamente dispone que «al Congreso de los Diputados corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las fuerzas armadas en misiones fuera del territorio nacional» (artículo 4.2).

Finalmente, la citada norma subraya también que «corresponde a las Cortes debatir las líneas generales de la política de defensa». Se trata de un marco normativo similar al existente en otras democracias parlamentarias. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país el legislativo está completamente ausente del gran debate sobre el futuro de nuestra seguridad colectiva. El Gobierno pretende prescindir del Parlamento e impedirle ejercer sus competencias en la materia.

En primer lugar, el Gobierno, en actitud de flagrante desprecio al Parlamento, ha incumplido con su obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y pretende incrementar la inversión en defensa sin deliberación en las cámaras y sin necesidad de aprobar unas nuevas Cuentas. La razón es políticamente comprensible: el Gobierno carece de apoyos para llevarlas adelante.

En segundo lugar, a pesar de la gravedad de la situación actual, el presidente no ha comparecido ante el Congreso para explicar la posición y los planes del Gobierno, y se ha privado al Parlamento de la posibilidad de debatir esas iniciativas. La razón es también políticamente comprensible: el necesario rearme que permita operar como disuasión de nuevas agresiones rusas sería rechazado por el otro partido de la coalición de gobierno y por sus socios.

Este desprecio al Parlamento, incompatible con nuestro modelo constitucional, explica que, en lugar de comparecer en el Congreso para explicar los planes del Gobierno, el presidente Sánchez haya mantenido en La Moncloa una serie de entrevistas con los representantes de las distintas fuerzas políticas. Así ha recibido a políticos de partidos minoritarios claramente contrarios a los planes de rearme europeos, y afines a las posiciones rusas. Y ha excluido a Vox –tercera fuerza política de la Cámara– y que no es más putinista que los anteriores. Este arbitrario y antidemocrático proceder ha permitido también a Sánchez diluir el peso del PP como partido con mayor representación parlamentaria.

En este contexto, el presidente Sánchez, que no ha informado a ninguno de sus interlocutores de planes concretos de actuación, ha anunciado su intención de incrementar las inversiones en defensa de modo unilateral, sin contar ni con el otro partido que integra la coalición de Gobierno ni tampoco con el Parlamento. No resulta exagerado afirmar que se trata de un comportamiento más propio de sistemas autocráticos que de una democracia parlamentaria.