La salud de la democracia española

Por eso, el poder de hacer leyes debería ser independiente de quien ejerce el gobierno y también del que decide si la ley se aplica bien o mal. Es decir, el principio, explicitado por Montesquieu en el siglo XVIII, de la separación de poderes entre el Ejecutivo, que gobierna, el Legislativo, que hace las leyes, y el Judicial, que vela por su cumplimiento y su aplicación. El mutuo control entre ellos para que ninguno pueda abusar de su poder es la mayor garantía de libertad de los ciudadanos.

Nuestra Constitución dedica títulos diferentes a cada uno de los poderes del Estado, pero antes de ellos, como dándoles preeminencia, dedica el título I a los derechos de los españoles, y el título II a la Corona.

Todos los poderes públicos están vinculados, según nuestra Constitución, por los derechos y libertades de los ciudadanos.

Esto es lo que dice nuestra norma suprema, pero ¿cuál es la situación actual de esa separación de poderes? y, por tanto, ¿cuál es el estado de salud de nuestra democracia?

El partido de gobierno, con la ayuda de otros pequeños partidos que ningún interés tienen en la salud democrática de España, controla de forma férrea el poder Ejecutivo y pretende hacer creer a los ciudadanos que también controla y manda el Legislativo. Intenta también controlar el poder Judicial impidiendo la cobertura de plazas vacantes esenciales de la judicatura, tanto en el Tribunal Supremo como en los Tribunales Superiores de Justicia o en las Audiencias Provinciales. Se está notando también en nuestra comunidad. Sin embargo, el Gobierno evita decir que el poder Legislativo en España radica en las Cortes Generales, Congreso y Senado, no únicamente en el Congreso, y que el Judicial no reside en el Consejo General del Poder Judicial sino en cada uno de los jueces y magistrados que ejercen la noble función jurisdiccional.

El Gobierno, titular del Ejecutivo, y los socios que le sostienen, ningunean e insultan descaradamente a los otros poderes del Estado ofendiendo a los senadores, tan titulares del Legislativo como los diputados y presionando e insultando a los jueces y magistrados, titulares del poder Judicial, cuando no se pliegan a sus intereses y cumplen con su obligación en la persecución de los delitos.

Por último, el Gobierno controla el Tribunal Constitucional, que se ha erigido como una sala de revisión de las resoluciones del Tribunal Supremo, cuando no es esa su función.

La separación de poderes y el equilibrio entre ellos son la única garantía de que los derechos de los ciudadanos no van a ser avasallados por ninguno de los poderes públicos. Cuando ese equilibrio se rompe, y un poder prevalece sobre los demás, la persona que ostenta ese poder se convierte en un sátrapa. En esa situación trágica estamos los españoles.