Invierno caliente

El imparable encarecimiento de la energía no solo ha sacudido los presupuestos de las familias y está a punto de echar por tierra la solemne promesa del presidente de que la factura de la luz regresaría a finales de año a los niveles de 2018. Su traslado a todos los procesos de producción –también afectados por la virulenta subida de los carburantes– y los problemas en la cadena de suministros han disparado los costes de las materias primas y desatado una espiral inflacionista que ha sacado a flote un poso de profundo descontento por la pérdida de poder adquisitivo de amplios colectivos. Las protestas del campo y el transporte son una muestra de él y también de las limitaciones del Ejecutivo para hallar soluciones satisfactorias a sus problemas. Con los precios fuera de control y un consenso mayoritario en que seguirán desbocados durante meses, la negociación colectiva también se presenta extremadamente tensa y propicia a una alta conflictividad.

En nada beneficia al Gobierno un clima de confrontación social, vaya o no dirigida contra él. Resulta significativo que detrás de los sectores más movilizados no estén los sindicatos mayoritarios, que hasta ahora han eludido presionar en la calle al Gabinete más sensible a sus intereses de cuantos puedan imaginar para no desgastarle. La reforma laboral y de las pensiones y la negociación de los convenios del sector público pondrán a prueba sus relaciones.