Ley e inversión educativa

Del mismo modo que los promotores de la Lomce imputaron a la Logse de tiempos de Felipe González todas las deficiencias del sistema, la ministra Isabel Celaá achacó los actuales problemas de la educación a los «efectos negativos» de la ley Wert. Si acaso debiera haberse referido a los recortes y al desconcierto en que alumnos, docentes y padres han vivido estos últimos seis años. Un tiempo en el que la inestabilidad política ha tenido especial incidencia en el sector. La Lomce no podía continuar en pie cuando no contaba ni con la anuencia parlamentaria suficiente ni con el aprecio de la comunidad educativa. Corresponde ahora al Gobierno procurar el máximo consenso en torno a la denominada Lomloe y, en especial, a las normas que la desarrollen, para lo que sería necesario privar de sesgo ideológico a la reforma y priorizar la necesaria mejora de la calidad de la enseñanza.

Resulta crucial preservar la leal y racional concurrencia entre centros públicos y concertados, garantizar la atención real a todos los talentos, avanzar paulatinamente en la actualización del currículo y su digitalización, y afrontar definitivamente la dignificación y cualificación del profesorado. Pero para todo eso es imprescindible que las comunidades autónomas –competentes en la aplicación de la nueva ley orgánica– cuenten con la dotación financiera requerida para ello, asegurando que el incremento del 5% de la inversión educativa en el horizonte 2025 se ejecute de la manera más eficiente.