La Fiscalía alerta del incremento de casos de hostilidad y discriminación entre ciudadanos derivados de la intolerancia política en nuestro país. Los 83 procedimientos abiertos en 2019 pueden ser una insignificancia comparados con el total de hechos investigados en relación a otros ilícitos. Pero cada acto de exacerbación lesiva resulta inquietante porque presumiblemente hay más personas jaleándola y muchas más dispuestas a justificar o disculpar su comisión. Al tiempo que, como la propia Fiscalía indica, son demasiados los responsables públicos que se desentienden de los efectos que pueden acarrear sus palabras cuando se refieren a la situación o a la condición de otros seres humanos, o se confrontan a través de los medios o en el propio foro parlamentario con sus adversarios políticos. La atención institucional ha de ser máxima cuando los nuevos fenómenos de contestación que están asomando ante el covid-19 y las restricciones decretadas para contener la pandemia podrían dar lugar a episodios contrarios a la convivencia. Porque solo la práctica y la defensa compartida de un pluralismo activo pueden garantizar la vida en común y en libertad.
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