Con mucha intención

Un año y dos consejeros de Educación después, el Gobierno regional maneja por fin el borrador del decreto que regulará los próximos procesos de escolarización en La Rioja (el más cercano, en abril) y que recoge casi al pie de la letra el contenido del acuerdo «para un Gobierno de izquierdas y progresista» que el otoño pasado se dieron PSOE, Podemos e Izquierda Unida como base de las políticas del Ejecutivo que preside Concha Andreu. Si en aquel pacto se hablaba de una ventanilla única de escolarización y de una nueva zonificación, ventanilla y zonificación encuentran acomodo estelar en el proyecto de norma organizativa; y si aquel acuerdo apuntaba la doble necesidad de garantizar un puesto escolar en un centro próximo al domicilio y de asegurar una distribución equilibrada del alumnado, el borrador del decreto dota a la Consejería de tantas herramientas que apenas si reserva alguna para atender la voluntad subjetiva de las familias. El borrador es rotundo y advierte que el proceso de admisión de alumnos se realizará a partir de los puestos que para cada red, pública o concertada, establezca previamente la Consejería de Educación, sin atender la variable de la demanda.

No es en absoluto cuestionable que un Gobierno regional que se anuncia progresista, que ha relevado a otro conservador con 24 años en el poder, regule el acceso al sistema educativo obligatorio, una cuestión nunca ajena a la polémica. Pero se antoja ciertamente controvertible el elevado grado de intención ideológica que destila el decreto. Intención que apunta siempre en la misma dirección, con la escuela concertada en el indisimulado punto de mira. Por ese lado, el decreto queda muy lejos de las palabras integradoras con que el consejero Uruñuela desembarcó súbitamente en el cargo hace seis meses. «Quiero contar e incorporar en el servicio educativo la labor que está haciendo la concertada, en estos momentos no podemos prescindir de ella; otra cosa es que haya que ordenarla, que haya que tomar alguna medida...», dijo entonces. Y algo más que «alguna medida» se esconde en el borrador del decreto, que aún debe ser informado por el Consejo Escolar. Si es obligación del sistema garantizar la igualdad de posibilidades de todos los alumnos sin excepción, también lo es no hacerlo a costa de la libertad de elección de centro... de ninguno de ellos.