La Conferencia de Presidentes de mañana en Salamanca va precedida de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del Consejo Interterritorial de Sanidad, ayer, que allanan el camino a un encuentro previsto como un intercambio de discursos entre el presidente del Gobierno ... y los de las autonomías. La decisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de acudir a la cita a cambio de que hoy se reúna la comisión mixta del Concierto Económico para dar paso a transferencias tributarias, contribuye a realzar la institucionalidad del Estado autonómico y, en esa medida, a legitimarlo socialmente. Las discrepancias que los presidentes territoriales puedan mantener respecto a la forma en que Pedro Sánchez se hace valer de la 'cogobernanza' pueden convertirse en vindicación de la propia Conferencia de Presidentes, algo que el Partido Popular debería asumir como compromiso de presente y de futuro. La presencia de Urkullu en Salamanca pondrá aun más en evidencia la ausencia deliberada del presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. La relación bilateral entre cada gobierno autonómico y el Ejecutivo central no puede aceptarse como vínculo único ni prevalente en la complejidad del Estado constitucional, que exige un compromiso multilateral de fondo. Sobre todo, cuando ayer el independentismo gobernante en Cataluña quiso exhibir el doble juego de que el consejero de Economía, Jaume Giró, se conectara a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera –y se mostrara después más que satisfecho del desarrollo de la reunión en cuanto a sus resultados para la financiación de la Generalitat–, mientras Pere Aragonés hace gala ante la galería secesionista de rehusar su presencia en Salamanca.

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El mismo doble juego que lleva a ERC a apuntalar el mandato de Sánchez en el Congreso, mientras se hace valer de la naturaleza autonómica del Estado constitucional al tiempo que da por finiquitado el Estatuto. Ayer, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se opuso a que la ausencia de Aragonès en la cita de mañana sea premiada con concesiones a la Generalitat. La conformidad del consejero Giró con lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó a los responsables autonómicos, en cuanto al reparto de 13.486 millones adicionales por la pandemia, la devolución de 3.000 millones por el IVA de 2017 y los 112.213 millones de entregas a cuenta para 2022, deja aún más fuera de lugar el gesto de Aragonès.

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