Insensata inhibición

El Gobierno ha decidido prescindir de la prórroga del vigente estado de alarma a partir del domingo y de promulgar uno nuevo con el argumento de que la evolución de la pandemia permite que las comunidades adopten las medidas necesarias recurriendo a la legalidad ordinaria. En ningún momento ha precisado el Ejecutivo de coalición qué horizonte epidemiológico esperaba encontrarse en esa fecha ni con qué instrumentos jurídicos contarán las autonomías a partir de ella. La mayoría de las administraciones territoriales ha mostrado su contrariedad ante el vacío legal resultante y teme que a la confusión que ello genere entre los ciudadanos se le unan la controversia institucional y el obligado recurso a la Justicia para dirimir cada desencuentro.

Pedro Sánchez ha querido responder a las críticas a su manifiesta inhibición política con un real decreto-ley que faculta a las comunidades a dirigirse al Supremo si sus respectivos tribunales superiores les impiden en ese nuevo escenario mantener los confinamientos o los toques de queda. De esa forma, el Gobierno central eludiría aun más sus responsabilidades porque, a la remisión a las autonomías de toda la carga jurídica y administrativa para contener el virus, se le suma la deliberada traslación al ámbito judicial de funciones que no deberían eludir ni él ni, por derivación constitucional, el Congreso. Ni el pronóstico más confiado en la campaña de vacunación, en el descenso de los nuevos contagios y en la atenuación consecuente de la presión hospitalaria justifica que el Ejecutivo se desentienda de lo que ocurra la próxima semana, a riesgo de transmitir el mensaje de que hemos recuperado la normalidad.

El propósito de que el Supremo sea la instancia que unifique doctrina sobre las restricciones que puedan aplicarse y corrija así un vacío legal solo atribuible a la desidia del Gobierno parte de una decisión al parecer inamovible de Sánchez: su negativa a continuar amparando las medidas de prevención frente al covid bajo el manto de un estado de alarma del que deba hacerse cargo. Ni siquiera durante unas semanas más, hasta que las comunidades con mayor incidencia venzan la curva y las que parecen haberla vencido ya no tengan riesgo alguno de retroceder. ¿Qué le hubiese costado optar por la vía más segura en términos de salud pública y jurídicamente? Mucho menos de lo que costará al conjunto de las instituciones y a la sociedad adentrarse en una incertidumbre gratuita.