Inmigrantes a la deriva

El 17 de junio se cumplió un año de la llegada a España del Aquarius con 629 inmigrantes a bordo. El gobierno Sánchez acababa de establecerse y aquel gesto solidario fue una medida de buena voluntad fácil de entender en aquella coyuntura. Pero el problema de la presión migratoria sobre las costas del Sur de Europa se mantiene y la actitud española ha tenido que darse un baño de realismo. En enero, el Gobierno prohibió al Open Arms, propiedad de una ONG catalana, seguir rescatando por libre inmigrantes en el Mediterráneo Central, pero en junio el barco ignoró las instrucciones y volvió a actuar. Y ahora se halla con 121 inmigrantes a bordo cerca de Lampedusa, por lo que, según la legislación internacional, los náufragos deberían recalar en el puerto seguro más cercano, en Italia o en Malta.

Ambos países se han negado a ello y Salvini ha amenazado con el fuego del infierno a los infractores de su prohibición. Es poco cuestionable que el control de las fronteras de la Unión Europea y la gestión de la inmigración son asuntos comunitarios, europeos. Pero esta evidencia no cuaja en Bruselas, cuya última propuesta, sugerida por Francia y Alemania -la colaboración voluntaria de ocho estados miembros para acoger migrantes rescatados y evitar estas situaciones de bloqueo-, no convence a España porque, a su entender, el asunto concierne a los 28 y en modo alguno puede ser arbitrario.

De entrada, lo urgente es que Italia y Malta cumplan las leyes internacionales vigentes, y a continuación la autoridad europea tendría que negociar una distribución de las personas... O tomar la decisión política de devolverlas a sus países de origen, cuidando de no violentar la legislación sobre el asilo. El tratamiento de la inmigración es un asunto delicado que puede deslizarse fácilmente hacia la demagogia pero que sirve de baremo al respeto a los derechos humanos. La respuesta a este fenómeno dramático puede graduarse pero no es de recibo que algunos países de la UE -los del Grupo de Visegrado- bloqueen sus fronteras mientras otros cumplen con su deber humanitario hasta más allá de lo razonable. El asunto es complejo pero este no puede ser un pretexto para la inacción. La Comisión Europea y el Consejo Europeo demostrarían una inquietante incompetencia si no supieran abordar este problema. Está en juego la vida de mucha gente y la dignidad de todos los europeos.