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Editorial ·
Sánchez no puede obviar las sospechas de que al cuestionar la actuación de los tribunales atiende a un acuerdo implícito con ERC

Diario La Rioja

Sábado, 18 de enero 2020, 11:57

El Tribunal Supremo desestimó la suspensión cautelar de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilita a Quim Torra como diputado autonómico, solicitada por su defensa. La decisión iba acompañada de una preceptiva invitación a las partes para que expresasen su parecer. Ayer ... lo hizo la Fiscalía, que cuestionó en el fondo la potestad de la JEC para inhabilitar a un parlamentario autonómico que en su momento fue elegible y sobre el que, si acaso, pudieran pesar causas de incompatibilidad a valorar por la propia Cámara catalana.

En otras palabras, el Ministerio Público dejaría la suerte de Torra en manos de lo que resuelva la Sala de lo Penal del Supremo sobre su condena por desobediencia. Junto a ello, señaló carencias en la normativa electoral que no permitirían interpretaciones 'ad hoc' por parte de la JEC ni de instancias judiciales.

La posición del fiscal Pedro Crespo está fundamentada en Derecho y viene a recordar que nuestro sistema de garantías se basa en el contraste de pareceres en la aplicación de la Ley. De manera que ningún demandante de la acción de la Justicia y ninguna instancia institucional o jurisdiccional pueden pretender que su postura prevalezca sin objeciones que eventualmente la anulen. El problema en este caso es que las alegaciones de la Fiscalía afloran en medio de una fuerte diatriba sobre la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a la exministra y exdiputada socialista Dolores Delgado. El problema es que el propósito anunciado por el presidente de «desjudicializar» el «conflicto político» catalán y de explotar las posibilidades del «diálogo» no solo pone en solfa la actuación precedente de los tribunales y de la propia Fiscalía, sino que enmienda la trayectoria anterior de Sánchez y de algunos de sus exministros. Las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre la «humillación» que resoluciones judiciales europeas sobre el 'procés' supondrían para «el Estado» no deberían repetirse por su falta de rigor y sentido institucional.

El Gobierno está seguro de que las delegaciones de la Generalitat en Túnez, México y Argentina se atendrán a las competencias autonómicas, mientras el Tribunal de Justicia catalán anulaba la reapertura de las oficinas en otros seis países ante un recurso que presentó el Ejecutivo de Sánchez en junio de 2018 porque pretendían ser embajadas. Hay un basamento legal para fijar tan distinto criterio. Pero el Gobierno no puede pasar por alto las sospechas de que hasta los cambios en Interior y al frente de la Guardia Civil responderían a un acuerdo implícito entre el PSOE y ERC.