Indultos bajo el Estado de derecho

El rechazo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo a las impugnaciones contra los indultos a los presos del 'procés' presentadas por el PP, Vox, tres diputados de Ciudadanos y varios recurrentes más consolida la controvertida decisión adoptada hace siete meses por el ... Gobierno de Sánchez. La ajustada votación–tres a dos– con que los magistrados se han decantado por no admitir a trámite los recursos, al considerar que sus promotores carecen de legitimidad procesal para interponerlos, da a entender que concurrían razones para la duda y el debate; lo que no obsta para que los partidos que optaron por elevar al Supremo su oposición a las medidas de gracia evalúen la eficacia de una judicialización con dificultades evidentes para prosperar a tenor de las amplias prerrogativas que atesora el poder ejecutivo para adoptar un indulto. Pero si algo evidencia, más allá del enfrentamiento político, la resolución del alto tribunal es que el Estado de derecho opera conforme a las reglas de deliberación y de contraste con la legalidad. Una legalidad que no se vulneró por la sentencia contra los líderes del procés, aunque sus extremos pudieran someterse a discusión, y sí por la revuelta secesionista.