La publicación de los argumentos de la sentencia que enfila a prisión por el fraude de los ERE al expresidente de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán –con condenas también para su predecesor, Manuel Chaves, y otros 14 procesados– activa un pulso jurídico, con ... proyección política, entre la ejecución del fallo y el empeño de la defensa del exdirigente socialista de eludir la cárcel, bien a través de los recursos a los que tiene derecho, bien por la vía del indulto. El veredicto que firman la mayoría de tres magistrados del Supremo y el voto discrepante de sus otras dos compañeras refleja la división en torno al asunto nuclear que puede acabar encarcelando a Griñán por malversación: donde los primeros ven indicios suficientes para argumentar que el entonces consejero de Economía conocía la estafa, las segundas atisban «un salto al vacío» sin prueba alguna. La disonancia da argumentos al condenado y también al Gobierno a la hora de considerar el eventual indulto. Pero la disposición al mismo que ha mostrado el Ejecutivo, asegurando que están pagando «justos por pecadores», no puede pretender una enmienda a la totalidad de la verdad judicial sentenciada por el Supremo. Y menos aún a trivializar la gravedad del fraude acreditado.
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