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Al flamante presidente de la Generalitat debemos esta estimación: «La voluntad popular no puede estar limitada por las leyes. Nuestro límite es la voluntad popular». Por su parte, ante el informe desfavorable del Supremo a la concesión de los indultos, el presidente congresual de UP-ECP ha arriesgado un dictamen mareante: «El tiempo de los jueces ha terminado y empieza el de la política». Con lo cual parece quedar claro que la justicia no solo está jerárquicamente por debajo de la voluntad popular con respecto a las leyes, sino que además puede estar sometida a la enmienda política de las leyes, según se avenga no al espíritu de las leyes en sí, sino según convenga a las estrategias políticas. Sánchez se ha limitado a optar por el tono bíblico: «Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia». La sección socialista del Gobierno sabe de sobra que un indulto no atemperaría el conflicto catalán, y es posible que sospeche que lo potenciaría, por la interpretación entre épica y melodramática que el independentismo puede hacer de la aplicación de esa medida de gracia.

Al margen de eso, y por si a alguien le quedaba duda, el nuevo Ejecutivo catalán ha reafirmado su voluntad de declarar a corto plazo la república, que no es tanto una quimera ensoñada como una meta imposible que, no obstante, se plantea como posibilidad única. Y piensa uno que no estaría mal, en fin, que de vez en cuando los políticos indultaran a la ciudadanía de la condena de asistir a estas pantomimas disfrazadas de asuntos de Estado.