Indulgencia política

El Consejo de Ministros aprobó ayer el indulto a los nueve dirigentes independentistas presos por sentencia del Tribunal Supremo en una resolución que conmuta las penas de cárcel por sedición y malversación, pero les mantiene inhabilitados para el ejercicio de cargo público. Las medidas de gracia podrán ser revertidas en el supuesto de que sus beneficiarios reincidan en el delito. Pedro Sánchez subrayó que la democracia española demuestra así su grandeza y apeló a que manifiesten la suya aquellos que la cuestionan. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, rebajó el tono displicente de pronunciamientos anteriores al señalar que la decisión «aporta credibilidad» a lo que venga. La legalidad del procedimiento será perfeccionada con la tramitación de los recursos anunciados.

El jefe del Gobierno quiso hacerse eco de los «cientos de miles de ciudadanos» que considerarían que los indultados ya han cumplido suficiente castigo tras entrar en prisión en noviembre de 2017. Una apreciación subjetiva que pueden compartir muchísimas personas de buena voluntad. Pero no ha sido ese el motivo expuesto desde que Sánchez mostró su inclinación favorable a las medidas de gracia. La causa ha sido siempre de otra naturaleza. Ayer llegó a afirmar que la iniciativa es «la mejor para Cataluña y para España» de cara a la convivencia y para «tender puentes de concordia». De esa forma sometió el acuerdo del Consejo de Ministros a la prueba de los acontecimientos en la confianza ventajista de que difícilmente, con indultos o sin ellos, podría empeorarse la situación en Cataluña y con Cataluña. Aparte de las razones argüidas, es inevitable vincular los decretos con otras más prosaicas como la precariedad parlamentaria del Ejecutivo y su necesidad de asegurarse el apoyo de ERC para agotar la legislatura ante la escalada de la derecha que apuntan los sondeos. Los socialistas no pueden ignorar el alto riesgo de su apuesta, de cuyo éxito depende su inmediato futuro político y el del conjunto del país.

Es posible que tanto las personas indultadas, pero inhabilitadas para los próximos años, como el resto de los dirigentes independentistas eviten deliberada o instintivamente incurrir en actos ilegales análogos a los ya enjuiciados por el Supremo. Que el lema «lo volveremos a hacer» sea hoy poco más que una baladronada de consumo interno. Pero el diálogo y la negociación política anunciados por Sánchez y Aragonès no pueden estar sometidos al chantaje de una amenaza verbal o remota. Ni siquiera a la insinuación de que, en caso de desacuerdo, el independentismo gobernante podría reactivar vías unilaterales de desconexión respecto al Estado constitucional o actos de sedición. Sobre todo, porque si algo ha demostrado el secesionismo desde 2012 es que, llegado el momento, es incapaz de controlarse a sí mismo y priorizar los intereses comunes a todos los catalanes aparcando la agenda rupturista.

El presidente del Gobierno declaró ayer que el propósito de los indultos no es que sus beneficiarios renuncien a sus ideas. El de la Generalitat enfatizó que saldrán de la cárcel «con la cabeza bien alta y los ideales intactos». Resulta preocupante que los independentistas no formulen una enmienda inequívoca a su proceder de años, sino que sean otros quienes deban esforzarse en reconocer su rectificación. Porque es eso lo que, en manos de Sánchez, vuelve temerario el diseño del futuro de España con el extremo que quiere desentenderse del resto de los españoles.