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La falta de conexión con la realidad en la que se mueve la política catalana tiene costes irreparables que afectan a la convivencia, la economía y el bienestar social. El pulso abierto en el independentismo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, que ha ... llevado a consejeros de la Generalitat a insinuar que encabezarían una manifestación contra el proyecto –a la que ya se ha sumado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau–, ha echado por tierra una inversión de 1.700 millones. Sin el apoyo del Govern, donde Pere Aragonès (ERC) muestra muchos más recelos que entusiasmo al acuerdo firmado por su vicepresidente Jordi Puigneró (Junts) y la ministra de Transportes, no puede extrañar la marcha atrás del Ejecutivo central. Eran subsanables las razones ecológicas argüidas por los contrarios a las obras; entre ellos, Unidas Podemos, cuya vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz presumió ayer de haber trabajado en silencio para frustrar la ampliación. Parece que no lo es la obsesión del secesionismo por la política de vuelo corto; por buscar cualquier excusa para arremeter de forma victimista contra el Estado antes que favorecer el entendimiento en torno a un plan estratégico para el progreso de Cataluña.
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