Independentismo litigante

La sesión constitutiva del Parlamento Europeo, el próximo 2 de julio, no contará por lo que parece con la presencia de los electos independentistas Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras. La Junta Electoral Central desestimó el lunes las actas notariales formalizadas por los dos primeros en Bruselas, acatando la Constitución por imperativo legal, cuando el trámite obligado exigía su comparecencia personal ante la JEC. Oriol Junqueras no fue autorizado por el Tribunal Supremo para trasladarse de la cárcel de Soto del Real a la Carrera de San Jerónimo para hacer lo propio. Ambas decisiones plantean dudas jurídicas como para que los afectados las recurran hasta acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; toda vez que la Mesa actual de la Eurocámara -y con toda probabilidad la siguiente- no hace suya la responsabilidad de dirimir sobre la concesión del acta de diputado europeo, que compete a las instancias electorales nacionales.

Los afectados alegan que son víctimas de la conculcación por el Estado español de su derecho fundamental a la participación política; considerando que ni la situación en que se encuentran Puigdemont y Comín -con orden de detención en España- y Junqueras -pendiente de sentencia por el Supremo- pueden interferir en su papel de representantes públicos, mientras no medie una sentencia firme que les impida desempeñar tales funciones. El argumento añadido de que su elección en los comicios europeos les dota de inmunidad resulta mucho más endeble; puesto que los hechos por los que han sido investigados y procesados tuvieron lugar un año y medio antes de que se presentaran a las elecciones del 26-M, sin que ni siquiera se hubieran postulado entonces como candidatos al Parlamento de Estrasburgo. La teoría de la inmunidad sobrevenida a través de las urnas no puede tener cabida en el Estado de Derecho, porque nadie -aunque se considere 'preso político'- ha de guarecerse tras el sufragio universal para eludir responsabilidades penales contraídas previamente en el ejercicio del poder institucional. El independentismo reprueba la judicialización del conflicto político que subyace a la crisis catalana; pero encuentra en los litigios judiciales la vía más cómoda para solapar el unilateralismo bajo la denuncia constante de un Estado constitucional de baja calidad democrática.