Independentismo alienado

Los actos de violencia en Barcelona y otras localidades de Cataluña desde que el Tribunal Supremo dio a conocer su sentencia sobre el 'procés' no son algaradas espontáneas que expresen su disconformidad ante las condenas. Responden a una red coordinada de grupos de activistas que ... se solapan entre la iniciativa del Tsunami Democràtic, las citas de los CDR y la consabida aparición de anti-sistemas oportunistas. Los ciudadanos que se sientan agraviados por el fallo judicial tienen perfecto derecho a exteriorizar su disgusto, su solidaridad con los condenados y a reclamar la independencia mediante el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación. Pero no están legitimados para afectar seriamente a la vida cotidiana de la población al impedir su movilidad o imponer la paralización de la actividad económica. Ni mucho menos para violentar la convivencia mediante enfrentamientos con las fuerzas policiales encargadas de velar por la seguridad de todos, el destrozo de mobiliario público y propiedades privadas y haciendo del fuego su señal más amenazadora. En otoño de 2012 el catalanismo nacionalista gobernante se volvió de pronto independentista. En otoño de 2017 el independentismo gobernante desafió al Estado constitucional, lo que explica la sentencia del Supremo. En otoño de 2019 un independentismo políticamente dividido corre el riesgo de verse alienado por una violencia fuera de control de cuya génesis no puede desentenderse como si le fuera ajena. La reciente detención y encarcelamiento de siete integrantes de los CDR llevó a partidos y entidades secesionistas a insistir en la naturaleza pacífica y democrática de su movimiento. Esa es la actitud de la inmensa mayoría de las personas que se han movilizado contra la sentencia. Pero basta que el propio Quim Torra se resista, en una actitud inadmisible, a condenar a quienes se enfrentan violentamente a los Mossos d'Esquadra para suponer que una buena parte del independentismo asume complacido la «contundencia» de los radicales con la que se solidarizó la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó.