Independencia energética

La disposición del Gobierno a adecuar el gravamen extraordinario y temporal ideado para aportar al erario una recaudación adicional a cuenta del sector energético a lo que resuelva aplicar la Unión Europea en su conjunto permite acometer la cuestión con el sosiego necesario. Las declaraciones ... de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, corregirían así la sensación de que el Ejecutivo tenía previsto avanzar en ese terreno por su propio pie. Suscitando además un choque de intereses entre los españoles y determinadas empresas que podría acabar lastrando la reactivación. La pretensión de que el Gobierno encarna las aspiraciones de las «clases medias y trabajadoras» frente a los privilegios representados por las grandes empresas responde a un esquema ideológico sujeto a evaluación. Porque de lo que se trata en primera instancia no es de velar para impedir que la crisis energética desatada por la guerra de Putin ahonde las desigualdades sociales latentes en los países democráticos. Aplicando para ello gravámenes especiales a los beneficios o a la facturación de las empresas energéticas. De lo que se trata es de recortar drásticamente el nivel de dependencia que la Europa comunitaria mantiene respecto a los designios de la autocracia de Putin. Para lo que resulta imprescindible apurar todas las posibilidades de entendimiento entre las instituciones públicas y las empresas del sector que, según la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, debieran contribuir más a un esfuerzo social indefinido. Un nivel de dependencia desigual según países, pero que delata la ceguera europea que durante años llevó a gobiernos nacionales y a las instancias de Bruselas a avalar de manera voluntarista las ventajas del entendimiento con el régimen de Putin a un coste que se ha demostrado infinito.