Una inane amenaza judicial

La tormenta desatada por el anuncio del número dos de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de nuevas y sobrevenidas medidas antiaborto en su comunidad, corregido luego por el presidente Fernández Mañueco, ha derivado en un pulso político entre Vox y el ... PP, en un choque que sumar a la pugna entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y en un conflicto institucional entre gobiernos. La disputa partidaria sobre un asunto tan delicado como la interrumpción del embarazo es legítima, siempre que se mueva en el terreno de lo razonable y en el respeto a la ley. Lo que no lo es es trufar con pretensiones electorales el debate sobre una cuestión que atañe a la libertad para decidir de las mujeres, a principios morales plurales y a la legalidad vigente. La conflictividad entre las distintas administraciones constituye un hecho asumido y asumible en un Estado que es compuesto. Pero constituye, en este caso, una interesada e inapropiada judicialización de la diatriba política el empeño del Gobierno de Sánchez de amenazar con los tribunales al Ejecutivo autonómico castellanoleonés cuando sigue sin existir ninguna actuación tangible de la Junta que pueda vulnerar las previsiones legales que amparan el aborto.