Inaceptable lentitud

El acelerado avance del virus –con sus consiguientes estragos sanitarios, económicos y sociales– es la constatación más palpable de los escasos rendimientos obtenidos hasta ahora del arma más eficaz para combatir la pandemia, lograda por la ciencia en un tiempo récord y, de momento, estrepitosamente infrautilizada: la vacunación masiva de la ciudadanía. La Organización Mundial de la Salud calificó ayer de «lamentable» la lentitud de este proceso en la UE, cuya agilización debe ser una prioridad absoluta. Todos los países de la Unión han naufragado en el primer objetivo común de la campaña: tener inmunizado a finales de marzo con la doble dosis al 80% de la población mayor de 80 años. Solo se acerca Malta, con un 69,7%. España se queda en la mitad, con un modesto 40,2%, que contrasta con la autocomplacencia de los mensajes oficiales.

No caben más dilaciones. Urge alcanzar por fin a partir de abril la velocidad de crucero anunciada por distintos gobiernos, los mismos que con anterioridad la habían previsto para otras fechas luego incumplidas. Son injustificables los sucesivos retrasos en los plazos de entrega de viales comprometidos por las farmacéuticas. A ese fiasco no es ajena la alarmante falta de pericia de la Comisión Europea al negociar con ellas contratos sin las debidas garantías y su incapacidad para resolver los problemas de abastecimiento surgidos. Sobre todo, con AstraZeneca, su principal proveedor, que con suerte habrá distribuido a mediados de año una tercera parte de los 280 millones de dosis acordadas. Es vital que surta efecto la redoblada presión de Bruselas sobre este laboratorio y acelerar la fabricación. Pero también que, cuando éste, Pfizer y los demás pongan a su disposición la esperada avalancha de vacunas, todos los países cuenten con los recursos necesarios para inyectarlas con la máxima agilidad. En nada tranquiliza la exasperante lentitud en la administración de las escasas disponibles hasta ahora.

Sin un inminente y fuerte arreón, peligra el desafío de alcanzar la inmunidad grupal a finales del verano, lo que equivale a tener protegido al 70% de la población. España apenas ronda el 7%. En esta tarea no solo está en juego el prestigio de las instituciones, sino la salud de millones de personas, la recuperación de la economía y la ansiada vuelta a la normalidad. Fracasar en ella resultaría imperdonable.