Impuesto o sanción

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso registraron ayer como proposición de ley la medida anunciada por el presidente Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación para gravar los beneficios extraordinarios que las compañías energéticas y las ... entidades financieras estén obteniendo a cuenta de la inflación generada por la guerra de Putin. Medida que la proposición de ley circunscribe a las empresas con una facturación superior a los 1.000 millones en 2019 y a los bancos que cobraron más de 800 millones en concepto de intereses y comisiones. A partir de ahí, se prevé un gravamen del 1,2% sobre la cifra neta de negocio en el caso de las energéticas y del 4,8% sobre los intereses y comisiones bancarios. Las explicaciones marcadamente ideológicas que ofrecieron los portavoces del PSOE y Unidas Podemos, Patxi López y Pablo Echenique, no consiguieron aclarar las virtudes de la iniciativa. Resulta imposible asegurar su capacidad real de incrementar la recaudación en 7.000 millones de euros en dos ejercicios, ni asentarla como patrón para llegar a un sistema fiscal más justo y progresivo en su conjunto, ni garantizar consecuencias solo positivas para la marcha de la economía española en 2022, 2023 y 2024. Que la proposición de ley califique como prestaciones patrimoniales de naturaleza pública lo que el presidente anunció como impuesto sobre beneficios extraordinarios no concede a la iniciativa mayor blindaje jurídico en caso de que sea aprobada por las Cortes y recurrida tras su promulgación o tras su aplicación concreta. Del mismo modo que es poco responsable y poco realista transferir a la CNMC la tarea de velar sobre el cumplimiento de una norma que, de tramitarse, nacerá muy forzada políticamente. Es paradójico que mientras el Gobierno de coalición progresista pospone la revisión del sistema fiscal en su conjunto, o del sistema de financiación autonómico, precisamente porque las incertidumbres concatenadas desde la crisis de 2008 desaconsejarían hacerlo, ahora proceda, vía los grupos parlamentarios que lo sustentan, al improvisado señalamiento «de los que más tienen» para salvar la situación sin diagnosticarla previamente de manera razonada. Ello cuando la toma en consideración de la medida tendrá lugar en septiembre, y su tramitación de urgencia restaría consenso político y solvencia jurídica a un resultado final cuyos efectos solo podrán evaluarse con rigor la próxima legislatura.